La partida mensual destinada a personal ha crecido, de media, en un 56%, los gastos generales son un 44% más altos y las inversiones para acondicionamiento de espacios u ordenadores para teletrabajo se han incrementado un 5%, según precisó a través de un comunicado.

La confederación se ha dirigido por carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para informarle del sobrecoste que supone aplicar los protocolos de prevención y sobre las consecuencias no previstas generadas por las medidas del ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19’ presentado por el Gobierno en julio.

Un documento que, a su entender, tiene una alta incidencia en la actividad de las residencias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la confederación estima que cumplir estos requisitos representa un gasto añadido de 15 millones de euros al mes.

Plena Inclusión gestiona 1.016 centros residenciales en los que conviven cerca de 17.000 personas con discapacidad intelectual y varias de sus residencias han recibido oficios de fiscalías provinciales “exigiendo información sobre la aplicación de las medidas preventivas”.

Las normas de prevención de contagios han generado, a su juicio, “un enorme impacto económico y organizativo no previsto en las entidades que gestionan estos centros”. Entre las exigencias, la confederación destacó la obligatoriedad de poner a disposición de residentes, trabajadores y visitantes equipos de protección recomendando que se disponga de un stock de al menos un mes; la realización de PCR a trabajadores y residentes o la sectorización de las instalaciones en unidades de convivencia más reducidas.

El presidente de Plena Inclusión España, Santiago López, dijo entender que estas medidas son “urgentes y necesarias”. "Por ello las estamos implementando”, agregó, al tiempo que lamentó que las administraciones públicas no hayan contemplado que su aplicación “exige de recursos adicionales que las entidades que gestionan las residencias no tienen”.

De acuerdo a las estimaciones de Plena Inclusión, la aplicación en sus centros y servicios residenciales de medidas de prevención frente a la Covid-19 durante el pasado confinamiento han supuesto un aumento del 30% del coste por plaza, sin que las administraciones que han exigido estas medidas hayan financiado su aplicación.

Plena Inclusión subrayó que sus 925 entidades son organizaciones sin ánimo de lucro y que sus servicios, en muchos casos, resultan deficitarios debido a la calidad de la atención que ofrecen y que en la mayoría de los casos no es cubierta por los conciertos con las administraciones competentes.