Tanto Caf Madrid como el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España consideran que es "imprescindible" dotar a la fuerzas de seguridad del Estado de las "herramientas legales" para que puedan intervenir desde que se detecta y denuncia por parte del titular la ocupación ilegal de su vivienda.

"De ahí que Caf Madrid reclame, dada la ineficacia de la Ley exprés antidesahucios, la modificación con carácter urgente de la Ley que regula los procedimientos penales", aseguró la organización.

La organización local también aboga por dotar a los ayuntamientos de "competencias propias" para que puedan tomar medidas inmediatas contra la ocupación ilegal, vía juicio verbal sumario, dado que considera que esta práctica altera la "convivencia en el inmueble y en el vecindario, provoca conflictividad social y genera problemas de seguridad".

Asimismo, los administradores de fincas de Madrid reclaman la modificación completa de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en lo que respecta a la ocupación ilegal de viviendas y otros aspectos, algo en lo que, según señalaron, llevan insistiendo "desde hace varias legislaturas".

En ese sentido, argumentan que la reforma del artículo 7.2 de la LPH relativa a la acción de cesación permitiría desalojar al 'okupa' ante la inacción del propietario y combatir así las "molestias, daños e inseguridad" que esta ocupación genera en una comunidad de propietarios.

Caf Madrid señaló que el último informe elaborado por la Delegación del Gobierno reflejó que en la comunidad había casi 4.000 viviendas 'okupadas' en 2018. Desde octubre de 2019, cuando se constituyó la 'Mesa contra la Okupación' por la Consejería de Vivienda de Vivienda de la Comunidad de Madrid, fueron usurpados 30 pisos, agregó la organización.