La formación dirigida por Pablo Iglesias esgrime en su escrito que el juez está haciendo una “investigación prospectiva” de todas las cuentas del partido y le reprocha que haya acordado una importante batería de diligencias, cuyo simple acuerdo da “por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación”.

Podemos cree, y así se lo dice al juez, que su objetivo es convertir esta denuncia en “un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”. Hay que recordar que desde su nacimiento, Podemos ha tenido que afrontar multitud de querellas y 15 han sido archivadas, entre ellas todas las relativas a su presunta financiación ilegal.

Entre esas denuncias figuran algunas tan sonadas como la archivada por el Tribunal Supremo (TS) en 2015, interpuesta por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez a través del Partido Socialista de Justicia. Se dirigía contra Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre. El Supremo consideró que no había pruebas para avalar los hechos.

Otra de las querellas archivadas fue la interpuesta por Manos Limpias contra Iglesias por delito de desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal o asociación ilícita, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y delito contra la Hacienda Pública. El TS ratificó que no había ilícito penal.

También fueron archivadas en 2015 dos querellas contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por supuesto fraude fiscal. Las querellas ni siquiera fueron admitidas a trámite por falta de indicios delictivos. Igual que ocurrió con la presentada contra la productora de Pablo Iglesias. Y con aquella otra que acusaba a Podemos de recibir financiación de Irán por basarse en informaciones no autentificadas. Hasta el momento, el partido no ha sido juzgado ni condenado por financiarse ilegalmente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó este martes al secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, Juan Manuel del Olmo, y a otras tres personas en la causa que investiga la presunta financiación irregular de Unidas Podemos y los delitos de malversación y administración desleal. Los cita a todos a declarar el próximo 20 de noviembre.

Además de Del Olmo, persona de la máxima confianza del líder de Podemos, Pablo Iglesias, el juez cita a declarar como investigados a la gerente de la formación, Rocío Val; al tesorero, Daniel de Frutos, y a una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

Todos ellos tendrán que responder a las acusaciones planteadas por el excoordinador del equipo jurídico de la formación José Manuel Calvente, que fue despedido de manera fulminante después de ser denunciado por acoso por una letrada integrante de su equipo. La denuncia fue finalmente archivada.

Además, el titular del juzgado número 42 de Madrid ha citado a declarar a los administradores de las compañías proveedoras de la campaña del partido y ha pedido a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Madrid que le informe de las sociedades mercantiles en las que figura con algún tipo de responsabilidad el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, presuntamente relacionado con el desvío de fondos de la formación.

El juez cita a declarar en este capítulo a varios responsables de la empresa Neurona Consulting, que se hizo cargo de la organización de la campaña electoral de Podemos para las elecciones generales de abril de 2019. Se trata de su administrador, Elías Castejón Hernández, y Eduardo López Hernández, que actuaba como persona de contacto con el partido.

Calvente compareció ante el juzgado de Madrid el pasado 29 de julio y en esa declaración ratificó sus declaraciones iniciales hechas en sede policial. Esa comparecencia se prolongó por espacio de más de tres horas, pero a Podemos, el juzgado sólo le ha remitido algo más de 40 minutos de grabación y no consta que exista registro del resto de la declaración sustanciada en el Juzgado esa jornada.

Podemos reprocha también al juez que haya pedido multitud de diligencias para la entrega de abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores, sin tener indicios suficientes de la comisión de delito alguno. Por todo ello, pide la nulidad de las actuaciones.