Además de Del Olmo, persona de la máxima confianza del líder de Podemos, Pablo Iglesias, el juez cita a declarar como investigados a la gerente de la formación, Rocío Val, y al tesorero, Daniel de Frutos, y a una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

Todos ellos tendrán que responder a las acusaciones planteadas por el excoordinador del equipo jurídico de la formación José Manuel Calvente, que fue despedido de manera fulminante después de ser denunciado por acoso por una letrada integrante de su equipo. La denuncia fue finalmente archivada.

Además, el titular del juzgado número 42 de Madrid ha citado a declarar a los administradores de las compañías proveedoras de la campaña del partido y ha pedido a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Madrid que le informe de las sociedades mercantiles en las que figura con algún tipo de responsabilidad el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, presuntamente relacionado con el desvío de fondos de la formación.

El juez cita a declarar en este capítulo a varios responsables de la empresa Neurona Consulting, que se hizo cargo de la organización de la campaña electoral de Podemos para las elecciones generales de abril de 2019. Se trata de su administrador, Elías Castejón Hernández, y Eduardo López Hernández, que actuaba como persona de contacto con el partido.

Calvente compareció ante el juzgado de Madrid el pasado 29 de julio y en esa declaración ratificó sus declaraciones iniciales. Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha.

En concreto, solicita a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores y requiere esos datos para tenerlo antes de practicar las citadas declaraciones.

Tras su despido, Calvente aseguró tener constancia de irregularidades en las campañas de microcréditos, así como en las donaciones procedentes del exterior de las que se benefició el partido de Pablo Iglesias para realizar sus campañas electorales.

Puso el foco sobre las obras de la nueva sede de Podemos en Ciudad Lineal (Madrid) y en la contratación irregular de una agencia de comunicación supuestamente vinculada a organizaciones chavistas, Neurona Consulting, para la organización de la campaña de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019.

Según la denuncia del letrado, el concurso para adjudicar la reforma de la sede de Podemos fue manipulada y fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos pudieron haber sido utilizados para financiar proyectos de los dirigentes del partido sin fiscalización alguna.

EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Ayer lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, citó a declarar como testigo para el próximo 2 de septiembre a Calvente por el llamado 'caso Dina' en el que se investiga el robo de un teléfono móvil a la exasesora del partido Dina Boausselham. De ese dispositivo se extrajeron conversaciones comprometedoras para el ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El magistrado ha citado al letrado que formaba parte del equipo legal de Unidas Podemos en el momento de los hechos y alertó a sus máximos dirigentes de que un procedimiento judicial podría tener poco recorrido, dado que la propia asesora que denunció el robo había compartido las conversaciones que acabaron publicadas en la prensa.

García Castellón, que ya retiró la condición de perjudicado a Iglesias en esta causa, quiere aclarar si la denuncia del robo del terminal fue “un montaje” como ha llegado a decir públicamente el abogado citado. Precisamente, el hecho de que Calvente haya hecho manifestaciones recogidas por medios de comunicación sobre este asunto ha impulsado al juez a citarle, tras sopesar la oportunidad de su declaración que versaría sobre asuntos protegidos por el secreto profesional entre abogado y cliente.

Calvente fue despedido de manera repentina tras ser acusado de acoso por la abogada Marta Flor, otras de las letradas de Podemos que representaba tanto a Busselham como a Iglesias en la causa del robo del teléfono móvil de la asesora. Él siempre defendió que su fulminante despido tenía que ver con la denuncia de irregularidades en la financiación de la formación dirigida por Iglesias y el hecho es que la denuncia de su compañera fue archivada y las presuntas infracciones del partido están siendo investigadas en el juzgado número 42 de Madrid.