Así lo recoge la Airef en el estudio de ‘Infraestructuras de transporte’, que forma parte de la segunda fase del 'Spending Review', comprometido con la Unión Europea y que fue presentado este jueves por su presidenta, Cristina Herrero.

Por ello, “recomienda “mejorar la selección de las inversiones en infraestructuras para elevar su rentabilidad social y económica y satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos”, según señaló.

En el estudio, la Airef afirma que España ha realizado un enorme esfuerzo inversor en infraestructuras de transporte en el periodo 1985-2018. De hecho, señala que, de los grandes países europeos, España es el que más ha invertido en infraestructuras en el periodo 1995-2017.

Sin embargo, advierte de que la fuerte caída de las inversiones que se ha producido desde 2012 ha provocado que la inversión bruta anual no cubra la depreciación del stock.

Además, la Airef echa en falta un marco regulatorio que ordene la redacción de los planes de infraestructuras de transporte y señala que se ha producido una infravaloración de los costes de las obras a realizar en los diferentes momentos del proceso de planificación.

Asimismo, identifica un generalizado optimismo en la planificación que ha tendido a infravalorar notablemente los costes de las inversiones y a sobrestimar la demanda de viajes. Y constata que no se realiza una verdadera evaluación previa a las inversiones a realizar, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, las decisiones más importantes se toman antes de comenzar los estudios de viabilidad.

En este contexto, la Airef considera que existe un amplio catálogo de buenas prácticas que España podría aplicar adaptándolas a su realidad, para reducir el optimismo del planificador, identificar las necesidades de transporte estimar mejor los costes de las obras, concretar métodos de evaluación ex ante y ex post de las inversiones en infraestructuras y mejorar la transparencia, participación y rendición de cuentas.

Así, propone aprobar una nueva legislación integral de movilidad e infraestructuras de transporte, que defina criterios y objetivos comunes para todos los modos de transporte, y alinee su planificación y gestión con los compromisos internacionales suscritos en materia de movilidad sostenible.

También plantea reforzar los mecanismos de planificación presupuestaria de los planes y proyectos de infraestructura, con una mayor implicación del Ministerio de Hacienda, así como establecer una senda objetivo de inversión en infraestructuras de transporte a medio plazo.

Para mejorar la planificación, sugiere desarrollar una Estrategia o Plan de movilidad e infraestructuras de transporte, redactar los planes sectoriales de transporte y vincularlos con el plan nacional y aprobar los documentos de regulación del sector ferroviario.

Por último, propone crear una autoridad administrativa independiente de evaluación de proyectos y definir un nuevo marco de evaluación de proyectos.

Finalmente, apuesta por mejorar la coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones creando mecanismos de coordinación y cooperación y reformando la Conferencia Sectorial de Infraestructuras, desarrollando mecanismos de corresponsabilidad en el gasto de las administraciones territoriales y acordando un marco de planificación y evaluación de proyectos de infraestructuras con las comunidades autónomas y ayuntamientos.