“Los grandes países de la UE están ya planteando fuertes programas de inversión en obra civil”, apostilló durante la Asamblea anual de ANCI, organización que aglutina a 25 medianas empresas constructoras.

Según Lamo de Espinosa, el déficit inversor en infraestructuras acumulado durante la anterior crisis “supera los 100.000 millones” y los proyectos “prioritarios postergados y perfectamente identificados van acumulándose, junto a las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento”.

Demandó concretar “una ambiciosa planificación de proyectos” entre todas las administraciones y partidos atendiendo a la demanda y que “priorice las actuaciones más urgentes”. “Apostar por las infraestructuras es apostar por el empleo y la competitividad”, refirió denunciando que el desplome de la licitación impacta sobremanera en las constructoras no cotizadas por lo que consideró “más importante que nunca que la dimensión de los contratos no limite la concurrencia y la competencia -y por tanto, la eficiencia-”.

Lamo de Espinosa se sumó a la demanda de Seopan de “recuperar los niveles de contratación pública pre-Covid con 2.200 millones de euros adicionales” y abogó por “revisar el gasto público”, pero “elevando el gasto en inversiones y reduciendo el gasto corriente en la mayor medida posible”.

Asimismo, reclamó al Gobierno un “Pacto de Estado Infraestructuras Terrestres” para, al menos, diez años de vigencia para que vertebrar el país y “el desarrollo de una movilidad sostenible y competitiva” implique aumentos de la inversión superiores al del PIB.

Reclamó otro “gran Pacto de Estado del Agua”, implantar la tarificación por uso de las autovías “para garantizar una movilidad sostenible y socialmente responsable, asegurando el uso finalista de los recursos obtenidos en un fondo para infraestructuras”, ejecutar en su integridad los presupuestos y apostar por el Corredor Mediterráneo, dotándole de medios en los presupuestos.

También pidió abordar “de forma definitiva y sin pausa” las obras del AVE a Extremadura-Lisboa y las de Cantabria; y evitar, en la medida de lo posible, que las licitaciones de obra supongan limitaciones a su acceso para las empresas no cotizadas.