Así lo indicó hoy el presidente de ANPE-Galicia, Julio Díaz, quien recalcó que la consideración de autoridad pública para los docentes gallegos durante el ejercicio de su función fue algo que reconoció ya a comienzos de 2007 la Fiscalía General de Galicia, "logrando, de esta forma, que cualquier agresión a un profesor pasase de ser una falta a ser un delito".

Díaz señaló que la autoridad del docente es un hecho básico en la relación educativa, pero que tiene que darse un paso más y que la sociedad debe valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo de estos profesionales, reconociendo la autoridad magistral del profesor y el respeto debido a sus decisiones académicas".

Recordó igualmente que, desde el servicio del Defensor del Profesor de ANPE, se viene alertando del "progresivo deterioro" de la convivencia en los centros educativos y que el propio Fiscal General del Estado dio instrucciones en su día a las fiscalías para que "se considerasen todas las agresiones, uso de la fuerza, intimidaciones o resistencia grave en que la víctima fuese un funcionario docente, como un atentado contra la autoridad pública".

DESCRÉDITO SOCIAL

El sindicato considera que las medidas adoptadas, incluidas las que pretende llevar a cabo la Comunidad de Madrid, constituyen una garantía para los derechos de un colectivo que en los últimos tiempos padece "una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social", señaló, a través de un comunicado difundido hoy.

No obstante, en opinión de la central, queda todavía por recuperar plenamente la autoridad del docente en el sentido profesional del término. Por ello, dijo que está en marcha una campaña para explicar que la autoridad del profesor es un elemento fundamental de la relación educativa.

Para avanzar en ese "reconocimiento social", el presidente de ANPE-Galicia manifestó que hay que cambiar el real decreto de derechos y deberes de los alumnos, en el que la gran mayoría son derechos y entre los pocos deberes se contempla el de acudir a clase.