Así lo indicó este jueves la Agencia Tributaria con la publicación de su balance anual de control tributario, que refleja que la Agencia realizó más de 1.664.000 actuaciones de control sobre tributos internos en 2019, lo que supone un 5,6% más que el año anterior, de las cuales más de 1.613.000 (+5,3%) fueron actuaciones de comprobación y más de 51.000 son actuaciones de investigación y de carácter auxiliar (14,6% más).

De esa cifra global de comprobaciones, 29.631 actuaciones nominales (+7,3%) se dirigieron a grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y economía sumergida, consumiendo este tipo de actuaciones, según resaltó la propia Agencia, “un elevado número de recursos, caracterizados, además, por su alta cualificación”.

En concreto, la Agencia realizó 20.144 actuaciones sobre grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales (un 8,6% más), 2.447 comprobaciones en materia de análisis patrimonial y societario (+1,2%) y 5.241 en relación con la ocultación de actividad y el abuso de formas societarias (4,7% más). La cifra de 29.631 comprobaciones se completa con 1.799 actuaciones (un 9% más) que supusieron un afloramiento de ventas ocultas en el marco del control de actividades económicas.

Estas 1.799 actuaciones se suman a las que también supusieron afloramiento de ventas, pero que se encuentran ya incluidas en los anteriores epígrafes de análisis patrimonial y societario, y de ocultación de actividad y abuso de formas societarias.

Asimismo, la Agencia destacó el incremento en un 75% del resultado de sus actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas en 2019, de tal forma que el pasado año logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros, un 75% más que en el ejercicio anterior, elevando también (+78%) el número de expedientes finalizados (880), acumulando en los dos últimos años un incremento del 156% en los expedientes cerrados sobre este colectivo de grandes fortunas.

Según la AEAT, “la evolución del cumplimiento voluntario del colectivo de contribuyentes con mayores fortunas también muestra un potente efecto inducido de las actuaciones de control, dado que en 2019 sus bases imponibles en IRPF han crecido un 16% interanual y sus cuotas un 13%”.

Por otro lado, la Agencia Tributaria también realizó minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar, con un efecto en términos de incremento de cuotas tributarias de casi 7.200 millones de euros, un 118% más que el año anterior y un 95% más que en la media de los tres años anteriores. De ese total de casi 7.200 millones, un 73% se correspondió a actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

GRANDES FORTUNAS

Además, la AEAT subrayó que, “paralelamente al incremento de liquidaciones sobre grandes fortunas implementado por los distintos ámbitos territoriales del control inspector de la Agencia, en su primer año completo de funcionamiento, la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes está desarrollando una serie de proyectos para seguir reforzando y actualizando los sistemas de control sobre el colectivo”.

En este sentido, indicó como ejemplo la creación de un catálogo de más de 570 proveedores de bienes y servicios de lujo que la Unidad ha considerado que pueden asociarse a contribuyentes con muy alta capacidad económica (clubes privados; gestores de inversión de grandes patrimonios; joyerías, galerías de arte y casas de subastas; centros de ocio, etc).

“A partir del análisis de estos proveedores, la Unidad obtiene información que está resultando muy útil para detectar los destinatarios directos de esos bienes y servicios de lujo y, una vez detectados, aflorar irregularidades fiscales de grandes fortunas y también patrimonios directamente ocultos detrás de sociedades instrumentales, a efectos tanto de regularizar los incumplimientos como de asegurar el cobro de las deudas por parte del Área de Recaudación”, explicó.

CUENTAS EN EL EXTERIOR

Por otra parte, la Agencia recordó que “en los últimos años, las distintas administraciones tributarias han visto reforzada su capacidad de acción sobre las rentas no declaradas a partir de las sucesivas directivas europeas de intercambio automático de información (‘DAC’), los mecanismos estandarizados a nivel OCDE y otros acuerdos”.

En este sentido, señaló que “el control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información sobre cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea ‘DAC2’, el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo ‘Fatca’ con EEUU ha permitido liquidar en tres años más de 435 millones de euros a 1.200 contribuyentes, de los cuales 293 millones se han concentrado en 2019”.

De manera complementaria, el pasado año se impulsaron los controles extensivos sobre rentas comunicadas a través de una directiva europea anterior, la denominada ‘DAC1’, información que la Agencia venía utilizando hasta ahora especialmente para fomentar el cumplimiento en periodo voluntario de declaración de IRPF a través de los ‘avisos’ en datos fiscales. En esta otra fase, la de la comprobación gestora, las actuaciones realizadas generaron liquidaciones de la Agencia y declaraciones extemporáneas de los contribuyentes por un importe conjunto de más de 55 millones de euros a través de más de 26.000 expedientes.

'TARJETAS OFFSHORE'

Por otro lado, la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (‘tarjetas offshore’) permitió a las distintas dependencias territoriales de la Agencia liquidar deuda por importe de 58 millones de euros en 2019 y un total de 79 millones desde 2018. Además, el año pasado se dieron de alta expedientes que afectan a 57 contribuyentes con tarjetas ‘offshore’ y que ofrecerán resultados adicionales en el futuro.

En 2019, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) participó en 76 comprobaciones inspectoras finalizadas, que dieron lugar a ajustes en base imponible estimados en 1.840 millones de euros. A su vez, la ONFI participó en la gestión de 25 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con resultado estimatorio que suponen garantizar a futuro bases imponibles por un importe de más de 2.100 millones de euros.

ECONOMÍA SUMERGIDA

Asimismo, la AEAT también realizó en 2019 2.927 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación (las ya mencionadas 1.799 en el ámbito del control de actividades económicas y el resto en otros programas) en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 674 millones de euros.

Según resaltó, “en esta lucha contra la economía sumergida continúan jugando un papel esencial las Unidades de Auditoría Informática (UAI), que en 2019 participaron en 2.181 entradas y registros (13,9% más), con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones”.

Las actuaciones de estas características dieron como resultado en 2019 la regularización de cuotas y sanciones por importe de 302 millones de euros a través de 5.466 actas de inspección a contribuyentes que previamente han sido objeto de intervenciones con las UAI.

En 2019 la Agencia realizó más de 30.700 actuaciones presenciales (‘peinados’) destinadas al control 'in situ' en sectores y ámbitos de riesgo fiscal. Entre estas actuaciones se encuentran las más de 1.100 visitas complementarias de las macrooperaciones sectoriales de entrada y registro, un 22,8% más que el año anterior.

Sin embargo, el programa con mayor número de visitas, más de la mitad del total, sigue siendo el Plan de Visitas IVA (más de 15.500 expedientes, cifra similar a la del año anterior), que arrojó como resultado positivo una mejora de más del 60%, hasta los 104 millones de euros, en los ingresos por IVA de las empresas afectadas por las visitas en el periodo comprendido entre el inicio del plan de 2019 y final de año, en comparación con el mismo periodo de 2016 (el año previo al primer Plan IVA).

Otro capítulo de especial relevancia para la Agencia Tributaria en el terreno de la lucha contra la actividad no declarada es el control de alquileres sumergidos, donde destaca “el efecto inducido que está suponiendo el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta”.

En cuatro años, estos avisos han generado un incremento de más de 228.000 declarantes (el 40% del incremento total de declarantes de rendimientos inmobiliarios en el periodo), con una mayor base imponible declarada de más de 2.600 millones de euros (que explicaría el 47% del aumento total de los rendimientos inmobiliarios del periodo).