Los miembros de estos grupos continuaron realizando sus actividades durante el estado de alarma sanitaria y eran reincidentes en el incumplimiento del realizar desplazamientos no justificados.

La organización realizaba muchas de sus actividades a plena luz del día, generando gran alarma social entre los vecinos de las localidades afectadas, que en ocasiones subían vídeos a las redes sociales de los distintos operativos policiales. A estas operaciones pertenecen las imágenes que se divulgaron en redes sociales a principios de mes, donde se apreciaba una embarcación que se lanzó contra la costa linense cuando era perseguida por el helicóptero de la Guardia Civil y distintas patrulleras con total desprecio a la integridad física de los bañistas. Finalmente, se logró la detención de todos los ocupantes y la incautación de la embarcación.

Otro de los operativos desplegados dio sus frutos a principios de junio en la Behía de Algeciras, entre el río Guadarranque y la Barriada de Puente Mayorga, donde después de distintas persecuciones policiales por tierra y mar se intervinieron siete embarcaciones, un vehículo y 6.500 cajetillas de tabaco, pasando a disposición judicial una persona.

Fruto de las distintas actuaciones desarrolladas se ha logrado la detención y puesta a disposición judicial de 65 personas, así como se han incautado 20 embarcaciones semirrígidas y 25 motores fuera borda, que eran utilizadas indistintamente para el aprovisionamiento de `narcolanchas´ y el contrabando de tabaco. Con los operativos desplegados se han intervenido más de 42.000 cajetillas de tabaco de procedencia extranjera, con un valor que supera los 168.000 euros y más de 5.500 litros de gasolina destinada al suministro de las embarcaciones, asestando con ello un duro golpe a la capacidad operativa de estos grupos delictivos.

Por otro lado, la Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas, entre ellos un matrimonio, por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y se ha procedido al embargo de bienes muebles e inmuebles y productos financieros, valorados en más de 600.000 euros.