La proposición, que en febrero recibió la luz verde de la Cámara Baja para iniciar su tramitación por 198 votos a favor, 134 votos en contra y 7 abstenciones, plantea reformar el artículo 15 de la Ley, que actualmente obliga a que los objetivos de estabilidad deban ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado, cuando la práctica legislativa habitual es que si la Cámara Alta rechaza una iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, esta última pueda levantar el veto.

Así, mientras que la actual redacción de la ley exige la aprobación del Senado, dando un mes para volver a presentar una propuesta de senda en caso de que sea rechazada, la propuesta del Grupo Socialista indica que, en caso de ser rechazada por el Senado, los mismos objetivos serían votados de nuevo por el Pleno del Congreso, quedando aprobados con mayoría simple.

Ante esta propuesta, la enmienda del Grupo Popular rechazaba la proposición y mantenía la redacción actual de la ley, mientras que la de Vox se mostraba a favor de eliminar la capacidad de veto del Senado pero proponiendo que, en caso de que la Cámara Alta rechace los objetivos de estabilidad, la posterior votación en el Congreso de los Diputados requiera de mayoría absoluta para la aprobación definitiva de los objetivos.

DEBATE

Durante el turno de defensa de las enmiendas de totalidad, Víctor Valentín Píriz, del PP, defendió que el Senado tenga capacidad de decidir los objetivos de estabilidad, al afectar a las administraciones territoriales, y criticó que el PSOE quiera “quitarle competencias”.

En representación de Vox, Inés Cañizares tildó de “partidista y oportunista” la propuesta del PSOE y señaló que “la Constitución y el procedimiento legislativo son claros cuando se trata de modificaciones de leyes orgánicas”, por lo que destacó la conveniencia de que para el levantamiento de un hipotético veto del Senado sea necesaria mayoría absoluta del Congreso.

En el turno de fijación de posiciones, Patricia Blanquer, del Grupo Socialista, declaró que la redacción actual de la Ley de Estabilidad “impone un proceso que no respeta la posición atribuida por la Constitución al Congreso de los Diputados” y que la proposición de su grupo no busca restarle competencias al Senado, “sino reconocerle al Congreso la función que le corresponde”. Además, recordó que el veto del Senado se puede levantar en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que indicó que la modificación de la ley para eliminar la capacidad de veto del Senado es una cuestión de “coherencia”.

En nombre de Unidas Podemos, Txema Guijarro criticó la actual redacción de la ley en lo referente a la capacidad de veto del Senado y acusó a PP y Vox de poner “palos en las ruedas” con sus enmiendas en un momento de “emergencia”, por lo que destacó la importancia de que el Congreso apruebe este año los Presupuestos de 2021 y pidió a todas las formaciones “arrimar el hombro” y que, aquellos que no estén dispuestos, “dejen trabajar”.

En cuanto a Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez anunció el voto en contra de su formación a la enmienda del PP, al considerar que la redacción actual de la ley supone “una anomalía” en cuanto a la capacidad de veto del Senado. Así, se mostró a favor de modificar la ley, pero abogó por “una solución intermedia” con la que el Congreso pueda levantar el veto del Senado mediante una mayoría cualificada, en lugar de la mayoría simple, por lo que indicó la abstención de su formación ante la enmienda de Vox.

Por parte del PNV, Idoia Sagastizabal expresó su voto en contra de las enmiendas de totalidad al considera al Senado una cámara de segunda lectura y sin capacidad de veto. Además, rechazó el argumento del PP sobre que la redacción actual de la ley destaca el papel del Senado como Cámara territorial, señalando que el voto de los senadores responde al partido político al que pertenecen y no a su comunidad autónoma. Por otra parte, también se mostró en contra de la redacción actual de la Ley sobre la regla de gasto y reclamó su modificación para permitir un mayor gasto por parte de las administraciones locales.

En representación de Bildu, Oskar Matute, indicó su voto en contra de las enmiendas de totalidad pero aseguró que “no es suficiente una reforma” de la Ley de Estabilidad, y abogó por su derogación para así poder dotar de más recursos a las administraciones locales.

El diputado Néstor Rego, del BNG, anunció su voto en contra de las enmiendas, asegurando que “no tiene ningún sentido” que el Senado pueda vetar los objetivos aprobados por el Congreso, y también reclamó que se liberen los superávits de los ayuntamientos.

En representación de Junts per Catalunya, Ferran Bel criticó que las enmiendas de totalidad de PP y Vox retrasan la tramitación de la proposición y reclamó su modificación en la Comisión de Hacienda del Congreso para flexibilizar la regla de gasto y permitir a las administraciones locales el uso del remanente por los superávits de los últimos ejercicios.

Por Más Madrid, Íñigo Errejón destacó que la capacidad de veto del Senado es “muy raro” y criticó la “extrema desproporcionalidad” de la Cámara Alta, por lo que anunció el voto en contra de su formación a las enmiendas. Por otra parte, denunció que la Ley de Estabilidad es una herramienta para aplicar las políticas de austeridad.

El diputado Joan Baldoví, de Compromís, criticó el sistema de reparto de escaños en el Senado, al considerar que sobrerrepresenta a determinados partidos y provincias, y se mostró en contra de las enmiendas de totalidad, tildándolas de “juegos de trileros”, para concluir criticando que la Ley de Estabilidad limite la capacidad de las administraciones locales.

Por las CUP, Mireia Vehí no se pronunció sobre las enmiendas de totalidad y criticó que se mantenga la Ley de Estabilidad, al suponer un instrumento de las políticas de austeridad de la UE y limitar la soberanía económica de los países.

La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, se mostró en contra de las enmiendas de totalidad al considerar que “bloquean” los Presupuestos y defendió que la tramitación de los objetivos de estabilidad sea como la del resto de leyes. Además, reclamó la modificación de la Ley de Estabilidad para flexibilizar o eliminar la regla de gasto.