Así lo atestiguaron la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, y su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en una rueda de prensa conjunta celebrada en Madrid, en la que mostraron sus puntos de vista en materia migratoria.

La Comisión Europa cuenta con aprobar en las próximas semanas el Pacto Migratorio con el objetivo de evitar que se repita la crisis de 2015 y restablecer la unidad de la zona Schengen. La propuesta de Bruselas pasa por reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores, agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares y eliminar las cuotas obligatorias de acogida para contentar las tesis de Polonia y Hungría .

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen aspira a conseguir el compromiso de los Estados miembro de compartir la gestión de unos flujos migratorios que ahora asumen prácticamente en solitario los países del sur del continente, como España.

España y Hungría tienen posiciones antagónicas sobre esta cuestión, ya que Budapest se niega a aceptar cuotas, mientras que Madrid apuesta por ir más allá de la distribución de los solicitantes de asilo y reclama un reparto obligatorio de los migrantes rescatados en el mar.

Los intereses contrapuestos de los distintos Estados miembro en una de las negociaciones más complejas que tiene ante sí la Comisión han llevado a Alemania, país que asumirá el próximo día 1 de julio la Presidencia de la UE a rebajar sus expectativas y aspirar a cerrar durante su semestre al frente del club un pacto político sobre el calendario a seguir para alcanzar un acuerdo definitivo que podría llegar a finales de 2021.

Ante esta situación, la jefa de la diplomacia española expuso que la cuestión migratoria requiere de “grandes dosis de consenso europeo”. Por ello, explicó que, a pesar de su “complejidad”, en esta materia se observan “cinco ingredientes” con los que empezar a trabajar en la UE: el combate a las mafias que trafican con seres humanos, enfocar los esfuerzos en impulsar el desarrollo de las economías de los países de origen, desarrollar normativas específicas para distinguir entre refugio, asilo y migración, estudiar vías para “abrir vías legales” a la migración, una cuestión que el Gobierno español cree que se podría vincular con el mercado laboral, y construir un sistema europeo “justo y solidario” con la migración irregular.

A su vez, defendió que tanto Hungría como España, en su condición de “primera frontera” de la UE, necesitan de la solidaridad europea para no verse abocados a asumir en solitario los flujos migratorios.

A pesar de que la ministra reconoció que España y Hungría mantienen “puntos de vista no coincidentes” en materia migratoria, mostró su confianza en que podrán encontrarse en un consenso europeo.

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro defendió la necesidad de combatir “firmemente” a las mafias que trafican con seres humanos y abogó por reforzar los “puntos centinelas” en los lugares desde donde los migrantes parten hacia Europa.

También apostó por otras fórmulas distintas a la acogida de inmigrantes, como la aportación de programas de ayuda a los países del norte de África, con los que Hungría está dispuesta a colaborar mediante el desarrollo de plantas potabilizadoras de agua.

Por último, indicó que muchos de los países de los que proceden los migrantes son focos activos de coronavirus, por lo que defendió trabajar para evitar una “nueva ola de migración a Europa”, que, a su juicio, tendría efectos más perniciosos para la salud y la economía de los europeos.