Así lo demandó a través de un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora este sábado y en el que subrayó que dicha estrategia debe contemplar la modificación del Protocolo Marco y la limitación de la prueba ósea de edad, atendiendo al interés superior del niño y a la Ley de Protección Jurídica del Menor.

Asimismo, debe apostar por una atención “individualizada y especializada” por parte de profesionales de salud mental y por la adaptación del sistema de acogida a las “necesidades específicas” de estos menores así como por impulsar planes de formación e integración. Proporcionarles información y apoyo para presentar la solicitud de asilo y favorecer los procesos de reunificación familiar además de ayudarles en la tramitación de los permisos de residencia y trabajo simplificando el proceso son otras de las medidas que demanda la entidad.

Aldeas Infantiles precisó que los alrededor de 13.000 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que hay en España, de los que casi 10.000 forman parte del sistema de protección según el Gobierno, “son sumamente y especialmente vulnerables”. Una vez en España, según su presidente, Pedro Puig, se encuentran solos, sin redes de apoyo familiares o sociales y el desconocimiento del idioma y la cultura “complica su integración en la sociedad”.

“Por si todo ello fuera poco, sufren la estigmatización de una parte de la sociedad, que les etiqueta y les atribuye acciones delictivas”, espetó el responsable de esta organización, que atiende a más de 200 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

El presidente de Aldeas Infantiles SOS criticó que regularizar su situación requiere un proceso “excesivamente largo y complejo” en la actualidad y defendió que España tiene “la responsabilidad y la obligación” de asegurar su "protección y cuidado”. “Supone un reto, pero estamos en condiciones de abordarlo con más recursos, más inversión y con un enfoque conjunto y solidario por parte de todas las comunidades autónomas”, sentenció.