Así lo dijo como portavoz de esa organización que aglutina a varias decenas de ONG que defienden los derechos de los menores en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde subrayó cinco ámbitos que mejorar: la desigualdad, la violencia, el sistema de protección, la conciliación y la participación.

Ibarra calificó que el IMV "es un paso sustancial" para erradicar la pobreza más grave y que según datos del Gobierno ayudará a 700.000 niños, pero "no es suficiente" porque, según expuso, hay 2,4 millones de menores en situación de pobreza, "por lo que el IMV no llegará a casi 1,5 millones de niños" que aunque no están en la situación más grave, sí tienen problemas.

También pidió que ese ingreso llegue a más colectivos, como las familias numerosas, y que la prestación por hijo a cargo, que "sigue siendo insuficiente" (con unos 28 euros al mes), sea "para la crianza".

Asimismo, advirtió de que "la nueva normalidad" va a afectar tremendamente a determinados colectivos infantiles, como es la población gitana, por la brecha digital.

LEY DE VIOLENCIA

Respecto a la necesidad de prevenir la violencia, el director de la plataforma aseguró que "es necesario" que la ley de violencia contra la infancia se aplique y cuente con dotación presupuestaria. A pesar de que supone "avances notables", destacó, el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU subraya que hay cuestiones que mejorar, como los juzgados especializados, la prueba preconstituida, el derecho a ser escuchado (con ayuda telefónica o chats) y formación adecuada para los profesionales que atienden a los niños.

Ibarra puso el acento en los migrantes y víctimas de trata, para que se reconozca su vulnerabilidad y se pongan medidas de refuerzo. Asimismo, dijo que la ley debe mejorar protocolos e impulsar el enfoque de género, procurar "más esfuerzo para la coeducación y no sólo a la educación inclusiva".

Sobre el sistema de protección, la Plataforma de Infancia también pide que se ponga "todos los recursos posbibles" para evitar que los menores acaben fuera de sus familias, por lo que reclamó que se respalde a las familias "con medidas económicas y formativas" para que el niño no salga de su hogar. El director de la organziación también denunció que "debe ser prioritario en la ley" abordar la violencia que en ocasiones se da en el propio sistema de protección.

Sobre la conciliación, Ricardo Ibarra considera que es "una de las asignaturas pendientes", como se ha manifestado con la crisis del Covid-19. En este contexto, recomendó garantizar premisos retribuidos, sobre todo cuando no hay acceso a las aulas como en esta situación. Esos permisos deberían suponer del 50% del sueldo para reducir la jornada para atender e sus hijos, e incluso, el 100% para situaciones especiales como las de las familas monoparentales.

En el último punto de la comparecencia, reclamó que "debe ser garantizado" el derecho a la participación infantil y mostró su confianza porque se ponga en marcha el Consejo Estatal de Participación Infantil, prometido por el Gobierno.