Así se desprende de una investigación conjunta de Greenpeace Brasil y Repórter Brasil, dada a conocer este jueves. En el caso de España, algunas empresas importadoras de esta carne congelada, principalmente ubicadas en Canarias, presumen de tener entre sus clientes a grandes cadenas hoteleras como Barceló, Iberostar o N10 Hotels, a las que Greenpeace pidió que refuercen sus mecanismos de control para "no convertirse en cómplices de la deforestación amazónica".

La investigación de Greenpeace se centra en el Parque Estatal Ricardo Franco, un espacio protegido de 158.000 hectáreas creado en 1997 en la frontera entre Mato Grosso (Brasil) y Bolivia. Debido a su alta biodiversidad, el espacio fue creado bajo la categoría de 'protección integral'.

PROPIEDAD PRIVADA

Según el análisis, más de 12.000 hectáreas han sido deforestadas desde la creación del parque; en la práctica, el 71% de su área es reclamada por el sector ganadero como propiedad privada.

Estas granjas ganaderas dentro del espacio son incompatibles con los objetivos de protección, según Greenpeace.

De las 137 granjas destacan dos: Paredao I y II, que suman más de 4.000 hectáreas, de las cuales al menos 2.000 han sido deforestadas ilegalmente. En 2016, los daños ambientales en estas granjas fueron objeto de investigaciones y acciones judiciales por parte de la Oficina del Fiscal del Estado de Mato Grosso.

"El caso del Parque Estatal Ricardo Franco se repite en muchos otros lugares de la Amazonía. El actual repunte de la deforestación en el interior de áreas protegidas y tierras indígenas está directamente relacionado con las declaraciones, políticas y estímulos promovidos por el actual presidente Bolsonaro", declaró Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.

"LAVADO DE GANADO ILEGAL"

La investigación encontró que, entre abril de 2018 y junio de 2019, el ganado de estas dos granjas (Paredao I y II) fue vendido a otra instalación ganadera del mismo propietario, pero ubicada fuera del espacio protegido. Esta granja provee de carne a los principales mataderos de Brasil (JBS, Marfrig y Minerva).

Sin embargo, Greenpeace afirmó que estos mataderos sólo realizan una evaluación de la última granja por la que pasó el animal antes de su sacrificio, no un monitoreo de todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo, de esta forma, la entrada de animales que pastaban ilegalmente en el citado espacio protegido dentro de la cadena.

La organización indicó que este "lavado de ganado ilegal" permite que pueda ser suministrado a mataderos que se han comprometido públicamente a limpiar sus cadenas de suministro de ganado procedente de áreas afectadas por la deforestación e invasión de áreas protegidas.

"La Unión Europea no puede permanecer al margen del enorme impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro. El consumo de los europeos provoca cambio climático, pérdida de biodiversidad y violaciones de los derechos humanos", recalcó Soto, antes de añadir: "Es urgente que la Comisión Europea ponga en marcha la anunciada legislación que impida la entrada en la Unión Europea de materias primas procedentes de la deforestación".

Datos recientes analizados por Greenpeace Brasil muestran que la destrucción del Amazonas se está acelerando. Durante el pasado mes de mayo, las alertas de deforestación aumentaron un 34% en comparación con el mes anterior.