Así lo puso de manifiesto este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien agregó que el 016 contabilizó este mes de mayo un total de 8.247 llamadas pertinentes, lo que supone 2.279 llamadas más y un 38,2% de incremento con respecto al mismo periodo de 2019, cuando este recurso recibió 5.968.

Por lo que se refiere al periodo del 1 al 30 de abril de este año, el número de llamadas ascendió a 8.632, lo que supone una diferencia en valor absoluto de 385 llamadas pertinentes menos en el mes de mayo con respecto a abril y, en porcentaje, un descenso del 4,5%.

CONSULTAS ONLINE

Por lo que respecta a las consultas online, durante el mes de mayo ascendieron a 194 por las 38 realizadas el mismo mes del año pasado, lo que supone una diferencia en valores absolutos de 156 consultas más y, en porcentaje, un incremento del 410,5%. No obstante, esas 194 consultas fueron 101 menos que las contabilizadas en abril de este año, lo que implica un descenso del 34,2% mientras que desde el inicio del estado de alarma el número de consultas fue de 589 por 107 en 2019, lo que supone una diferencia de 482 consultas y un incremento del 450,5%.

Finalmente, con respecto al perfil de WhatsApp activado a finales de marzo, durante abril recibió 1.061 consultas, que descendieron a 755 en mayo, lo que supone una diferencia de 306 consultas y un descenso del 28,8%, si bien el número total de consultas pertinentes del 21 de marzo al 31 de mayo ascendió a 2.038.

OTRA PANDEMIA

Unas cifras ante las que emplazó a “no bajar la guardia”, convencida de que “corroboran que las medidas implementadas han sido necesarias y útiles”. Por ello no dudó en desmentir las “interpretaciones interesadas de la extrema derecha” sobre el descenso de denuncias ante las fuerzas y cuerpos de seguridad “como si fuera una prueba de la disminución de las situaciones de violencia machista”.

Rosell consideró “inadmisible la minimización de la otra pandemia” e instó a “desmentir a quienes pretenden negar la evidencia de la violencia machista silenciosa y las situaciones de vulnerabilidad que muchas mujeres están viviendo”, incidiendo, a su vez, en la importancia de las denuncias de terceros para “no hacer recaer sobre los hombros de las víctimas el peso de proseguir el proceso penal”.

En este punto, con relación a la última mujer asesinada por violencia de género, aseveró que no se trataba de una víctima que hubiera denunciado, hubiera sostenido su denuncia y a la que el sistema “no protegiera”. “Había tenido una agresión previa por la que habían saltado las alertas y no quiso denunciar a su agresor, de ahí la importancia de las denuncias de terceros”, puntualizó, al tiempo que insistió en que resulta “importante que quien ve, oye, sospecha o conoce en su entorno violencia de género la denuncie”.

DENUNCIAS DE TERCEROS

Rosell reconoció que este tipo de denuncias de terceros al 016 “han aumentado” si bien no quiso avanzar los datos a falta de un “estudio riguroso” de los datos y recordó que las víctimas “necesitan un acompañamiento previo” a la interposición de una denuncia, por lo que juzgó importante que el Estado “acuda a ellas y haga esa detección precoz de la violencia” y no a la inversa.

Asimismo, defendió cómo, en muchos casos, “no se trata de fallos institucionales para con las mujeres que siguen adelante con la denuncia, sino de mujeres que no siguen adelante, probablemente, por falta de acompañamiento y asistencia previa”.

Por ello y ante la “preocupación” por el posible aumento de violencia durante la desescalada, este organismo ha solicitado al Ministerio de Justicia que habilite un sistema de identificación por vídeo “que sea suficiente y dé garantías pero a su vez permita preservar la salud y seguridad de las personas”. De este modo, se facilitaría que estas víctimas puedan declarar de forma telemática y en espacios “amables y seguros” y puedan contar con una asistencia “durante todo el proceso, incluido el previo a la denuncia”.

En paralelo, la Delegación contra la Violencia de Género ha propuesto la creación de un certificado digital para estas víctimas que les permita actuar “de forma segura y coordinada” ante la administración de justicia pero también en el entorno del sistema sanitario para “ahorrarles tener que verbalizar su historia y esa revictimización” al mismo tiempo que busca proporcionarles un acceso “preferente” a diferentes prestaciones a las que tienen derecho “sin cargar con su expediente de víctima”.