Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, así como sobre las distintas actuaciones del mismo ante la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

En su respuesta a las intervenciones de los grupos parlamentarios, Montero apuntó que, pese al levantamiento de las normas fiscales comunitarias ante el gran incremento que la crisis ha provocado en el déficit y el endeudamiento, “Europa no va a renunciar a la consolidación fiscal” por lo que apostó por acordarla “entre todos”. En concreto, la ministra subrayó que la consolidación fiscal es compartida por los partidos progresistas que defienden “la necesidad de sanear las cuentas” y “que el dinero público se gaste de la mejor manera posible”, pero que “lo que no podemos compartir es que esa consolidación fiscal deje atrás a los ciudadanos”.

Durante su intervención inicial, Montero se refirió a la propuesta realizada ayer por la Comisión Europea para dotar a los Estados miembros de un total de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 llegarán a los países en forma de transferencias, sin intereses, y los 250.000 millones restantes, mediante préstamos.

En concreto, valoró positivamente la propuesta, indicando que la Comisión “ha sido consciente de que es el momento de Europa y de reparar y preparar un futuro mejor para la próxima generación”. En cualquier caso, recordó que la propuesta aún tiene que ser discutida en el seno de las instituciones europeas y señaló su esperanza de que su aprobación no se demore más allá del Consejo Europeo que tendrá lugar el 19 de junio.

Por otro lado, la ministra reivindicó la “fortaleza” demostrada por el modelo autonómico ante la crisis del Covid-19 y resaltó el “diálogo constante” entre todos los niveles administrativos, así como el “enorme esfuerzo” presupuestario del Gobierno para garantizar a las comunidades autónomas y las corporaciones locales que puedan hacer frente a los costes de esta crisis.

En este sentido, destacó la puesta a disposición de un total de 32.000 millones de euros para las comunidades autónomas, señalando que “nunca se habían puesto a disposición de las comunidades tantos recursos en tan poco tiempo”. Además, recordó que la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades se realizó con la previsión de que el PIB crecería un 1,6% en 2020, pese a saber ya entonces que el coronavirus provocaría una gran caída del PIB.

Asimismo, hizo un repaso a las previsiones macroeconómicas incluidas por el Gobierno en el plan de estabilidad remitido a Bruselas, que prevé el aumento del déficit por encima del 10% del PIB, de la deuda pública hasta el 115%, un aumento del gasto público en unos diez puntos porcentuales, hasta el 51% del PIB y una caída de los ingresos del 5,5%.

Por otra parte, también repasó algunas de las medidas económicas y tributarias aprobadas por el Ejecutivo para garantizar la liquidez de las empresas, el mantenimiento del empleo, y los ingresos de los hogares, como la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y las prestaciones por cese de actividad para autónomos y pymes, el aplazamiento de deudas tributarias de hasta 30.000 euros orientada también a esos colectivos, o la aprobación, en el Consejo de Ministros extraordinario de mañana, del Ingreso Mínimo Vital.

De cara al futuro, la titular de Hacienda destacó entre las prioridades del Ejecutivo de coalición la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, así como avanzar en una fiscalidad más progresiva que recorte la diferencia de siete puntos porcentuales entre la recaudación en relación al PIB que existe en España respecto a la media de la zona euro y que impulse la justicia social, mediante nuevas figuras tributarias como el impuesto a determinados servicios digitales y el de las transacciones financieras, así como la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal.

Además, también resaltó la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y local, y señaló la voluntad del Gobierno de abrir un debate sobre el marco competencial de los ayuntamientos, flexibilizando la regla de gasto y permitiendo que asuman competencias que actualmente recaen en la administración central y las comunidades autónomas.