Tras ello, acordó dar traslado de sus conclusiones al Ministerio de Justicia, los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, las asociaciones judiciales, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

El plan de choque tiene como objetivos evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus, agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos para afrontar el incremento de la carga de trabajo.

Este nuevo texto es el resultado de un “proceso participativo”, dice el CGPJ, que se inició el pasado 8 de abril. Su construcción se ha hecho bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y han colaborado los distintos grupos de trabajo técnico constituidos para cada orden jurisdiccional y para las medidas de carácter general, cada uno de ellos bajo la dirección de un vocal del Consejo e integrado por letrados del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

De ese documento se dio traslado a continuación a los órganos de gobierno de los tribunales, las asociaciones judiciales, los operadores jurídicos, las administraciones públicas y asociaciones y entidades diversas.

El Consejo lo remitió a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, distintas Audiencias Provinciales, jueces de lo Mercantil y de Familia y la promoción 69 de la Carrera Judicial; así como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

También han aportado sus valoraciones y propuestas, dice el CGPJ en una nota de prensa, el Consejo de la Abogacía Española, distintos Colegios de Abogados y varias asociaciones; procuradores y graduados sociales; representantes de las administraciones públicas como la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid; y asociaciones y entidades diversas.

El resultado de ese proceso es un texto de 539 páginas que reúne 115 propuestas, frente a las 108 del primer documento de trabajo. Se mantienen 50 propuestas de las iniciales, se han introducido modificaciones en otras 36, se han eliminado 22 y se han incorporado 29.

Este bloque del plan de choque dedicado a las medidas organizativas y procesales se verá complementado con otros cuatro documentos que incluirán propuestas en los siguientes ámbitos: solución extrajudicial de conflictos, protección de los colectivos especialmente vulnerables, medidas tecnológicas y formación de la Carrera Judicial.

El objetivo es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debata y apruebe, en su caso, los criterios generales que informan las propuestas de reformas normativas incluidas en los documentos de trabajo, así como las medidas organizativas que sean competencia del órgano de gobierno de los jueces, que constituirán el plan de choque.