La plataforma, que reúne a entidades del tercer sector relacionadas con las personas mayores, asegura que entre el 30 y el 40 por ciento de quienes han muerto por Covid-19 vivían en residencias, lo que ha abierto, señalaron, una “profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración”.

En este sentido, las organizaciones exigen que todas las residencias de mayores cuenten con equipos de protección y se realicen test PCR y análisis serológicos a todas las personas mayores y trabajadores, así como a los profesionales de atención domiciliaria.

Además, recordó que los pacientes “deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con coronavirus para evitar la propagación de la enfermedad”. Por tanto, “se deben establecer de instalaciones intermedias para las residencias en las que resulte imposible salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la presencia de alguna persona infectada”.

Asimismo, las organizaciones de mayores exigen que se aumente la ratio de gerocultores en los centros y plantear un “nuevo diseño que garantice un ambiente más familiar para las personas mayores”. También consideran necesario “profesionalizar el sector de los cuidados para apostar por un modelo de calidad”.

“Debemos optar también por nuevos modelos arquitectónicos que incorporen garantías de atención sociosanitaria de calidad y un acompañamiento al proyecto de vida con profesionales que tengan formación en derechos, ética, relación de ayuda, entre otros”, señalaron en un comunicado.

Las entidades aseguraron que es “esencial apoyar otros alojamientos o nuevos modelos residenciales, como el ‘cohousing’ o las viviendas colaborativas”.

Respecto al Servicio de Atención Domiciliaria, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recomendó configurar “un conjunto de servicios integrados, que incorpore la atención sanitaria de los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal y la participación del voluntariado”.

Por último, la plataforma señaló que se debe “garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores, independientemente de dónde vivan”, y pidieron al Gobierno que apoye “de forma decidida” una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de Naciones Unidas.