En un comunicado, el presidente del CGE, Valentín Pich, señaló que este nuevo texto, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “mejora algo la interpretación de la Ley Concursal, pero no incluye reformas profundas de calado, que son las necesarias”.

Por ello, recuerdan que propusieron que los cambios en la Ley Concursal fueran más allá de un texto refundido, para adecuarla a la nueva Directiva de Insolvencia (publicada en junio de 2019), “con objeto de ayudar a dinamizar las soluciones concursales de reestructuración y segunda oportunidad, aún de escasa utilización en nuestro país, e impulsar los mecanismos de alerta temprana de la insolvencia”.

En este sentido, Pich manifestó que “dadas las circunstancias actuales, sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores”.

No obstante, el presidente de los economistas señaló que “este nuevo real decreto legislativo será bienvenido siempre y cuando se demuestre que puede ayudarnos a hacer un replanteamiento en profundidad de las normas concursales y preconcursales al objeto de lograr la supervivencia de las empresas con problemas de tesorería por culpa del coronavirus, pero viables”.

Por su parte el presidente del Refor, Alfred Albiol, señaló que “en el texto refundido de la Ley Concursal, se mantienen los cuatro meses de blindaje de los acuerdos de refinanciación, pero falta por incluir la posibilidad de ampliación hasta 12 meses que permite la Directiva de Insolvencia”.

Por ello, desde Refor consideran que el nuevo real decreto “podría servir de hoja de ruta para acometer futuras reformas normativas”, pero también que “contiene una serie de problemas que habrán de ser resueltos en próximas regulaciones”.

Algunos de los aspectos a resolver, según el Refor y el CGE son que “no tiene sentido una aplicación homogénea de la Ley Concursal, tanto para grandes como pequeñas empresas”, por lo que “debería haber un capítulo específico para pymes en la ley concursal”; y que “la cuenta de garantía arancelaria debería ser eficiente, realista y contar con la suficiente capacidad”.

Asimismo, también consideran que el texto debería incluir medidas que contribuyan a fomentar las operaciones de venta de unidades productivas; una referencia al sistema LexNET de comunicación electrónica “para que sea obligatorio y de urgente aplicación”; e “instaurar un sistema ágil y único de notificación a todas las partes en el procedimiento concursal”.

También subrayan que la definición de insolvencia inminente “es muy genérica”, por lo que recomiendan que se establezca algún tipo de plazo o justificación concreta, y también que, “dado que gran parte de las empresas llegan tarde al concurso, debería tenerse en cuenta una definición de insolvencia más de tipo económico-contable y con criterios objetivos no susceptibles de interpretación”.