El plan, de 450 páginas, coordinado por el responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, y que se ha presentado en primer lugar al conjunto de Unidas Podemos, contempla, por ejemplo, un aumento del 20% del gasto en sanidad y de un 30% en educación.

También prevé un incremento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 euros al mes, un ingreso mínimo vital del 80% del SMI, que los contratos temporales tengan una duración mínima de 12 meses (salvo campañas específicas) o la puesta en marcha de un Plan de Trabajo Garantizado, que alcanzaría en la primera etapa a un millón de parados y paradas de larga duración para “realizar trabajos socialmente útiles”.

Apuesta también por convertir la actualmente nacionalizada Bankia en un “servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales”, intervenir en el mercado mayorista de la electricidad para “mantener congelados los precios de los consumidores finales” y “rebajar el 20% el recibo de la luz, lo que iría acompañado de la “creación de una empresa pública de generación o nacionalización de una existente”. También se plantea crear una empresa pública de conservación y construcción de infraestructura.

Para sufragar el gasto, IU defiende transformar el Impuesto sobre el Patrimonio en un Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas, de modo que paguen un 1,5% de Impuesto sobre el Patrimonio -frente al 0,17% actual- quienes poseen más de un millón de euros.

El plan incide también en establecer un mínimo y máximo estatal en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como que quienes hereden cantidades superiores al millón de euros no puedan beneficiarse de bonificaciones o reducir la exención del 60% del rendimiento de los alquileres de viviendas de lujo.

De la misma manera, se plantea que las entidades bancarias paguen “un 1% en el impuesto a los depósitos, en vez del insuficiente 0,03% actual para devolver el rescate”, que se incrementen los tipos del IRPF “a partir de 120.000 euros anuales de rentas del trabajo” y también “para quienes reciben rentas del capital por encima de 60.000 euros al año”.

Por último, se incluye la creación de un impuesto sobre transacciones financieras específicas para quienes compran acciones, renta fija o especulan con derivados, e “implementar tributos ecológicos”, siempre bajo la premisa de que no recaigan sobre las rentas bajas.