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La Fiscalía investiga penalmente 110 residencias de mayores en toda España

MADRID
SERVIMEDIA

La Fiscalía General del Estado mantiene 110 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia del Covid-19 en residencias de mayores. El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 42 abiertas, y en Cataluña, con 24.

La Fiscalía ha proporcionado datos de las investigaciones penales y civiles abiertas por comunidades y provincias, pero no ha querido dar una cifra total. Las investigaciones civiles ascienden a más de 170.

Los datos facilitados son la fotografía de la actuación del Ministerio Público a fecha del 27 de abril pasado. En su última comunicación, eran 86 las diligencias abiertas en residencias de todo el país por la muerte de personas mayores en estos centros y para averiguar si incurrieron en algún tipo de delito.

Hay residencias de toda España investigadas. En concreto 42 están en la Comunidad de Madrid y 24 en Cataluña. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (10); Castilla y León (10); Galicia (11); además de Extremadura (4); Baleares (1); La Rioja (1); Aragón (3); Canarias (2) y Cantabria (1). En la Comunidad Valenciana está pendiente la decisión de archivo o no de la investigación a una residencia en Gandía.

El número de diligencias se ha incrementado en las últimas semanas como consecuencia principalmente de las denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de estos centros, así como por las presentadas por representantes políticos. Del total de investigaciones penales abiertas una docena de ellas están ya judicializadas, de las que cinco corresponden a Madrid, cuatro a Castilla y León, dos a Castilla-La Mancha y una a Galicia

El Ministerio Público mantiene abiertas en las diligencias que se incoaron a instancias de Vox, que interpuso denuncias ante gran parte de las fiscalías de España en relación con la gestión de la crisis sanitaria que se ha llevado a cabo en las residencias de mayores.

Entre los datos remitidos por la Fiscalía figuran el número de diligencias que se han efectuado y ya han resultado archivadas o aquellas otras que han pasado a manos de un juzgado que se encarga ya de la instrucción. En Madrid hay 32 diligencias de investigación penal abiertas en la capital a las que hay que sumar seis más en la fiscalía de Alcalá de Henares, seis en la de Getafe y siete en la de Móstoles y Fuenlabrada.

Por su parte, en Cataluña es Barcelona donde más diligencias de investigación penal hay abiertas, una decena en total. Pero también tienen abiertas investigaciones las fiscalías de Granollers (4), Manresa (1), Sabadell (4), Terrassa (2), Mataró (2) y Tarragona (1).

Además, la Fiscalía tiene un total de 176 actuaciones de índole civil y tuitiva abiertas para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores, tramitadas como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales, preferentemente. La red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales son las que están en contacto con las autoridades sanitarias para ejercer esta tutela en las residencias de mayores.

En concreto hay contabilizadas un total de 78 actuaciones civiles abiertas en Cataluña, 19 en Castilla y León, (una archivada), 17 en Galicia (tres archivadas), 14 en Andalucía, 14 en Comunidad Valenciana, ocho en Extremadura (tres archivadas), ocho en Castilla-La Mancha (tres pendientes de archivo), cuatro en Aragón, otras cuatro en Madrid, tres en Cantabria, tres en Canarias (una archivada), una en La Rioja, una en Murcia, una en Navarra y una en País Vasco. Con un total de 11 archivadas hasta el momento.

En España hay alrededor de cerca de 5.450 residencias, entre públicas y privadas. En la gran mayoría de ellas ha intervenido la UME en tareas de desinfección durante el estado de alarma. Fue precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que alertó en una entrevista del hallazgo de varios cadáveres en residencias que permanecían en sus camas junto a los residentes vivos.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que ante la “gravedad" de los hechos denunciados decidió la apertura de una investigación y la designación del fiscal Dolz como instructor para “facilitar” la obtención urgente y centralizada de los datos que pudieran dar lugar a una investigación.

(SERVIMEDIA)
29 Abr 2020
SGR/mjg