Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al responder a una interpelación urgente formulada por el diputado Néstor Rego, del BNG, sobre las medidas que prevé aprobar el Ejecutivo “para garantizar una salida social y justa a la crisis económica tras la pandemia de la Covid-19”.

En su intervención, Calviño destacó que “la prioridad de este Gobierno es afrontar esta crisis sanitaria de forma que nadie se quede atrás” y que “hay distintas formas de salir de la crisis, como usted ha señalado, y la nuestra es clara, actuando en el plano sanitario, el económico y el social con paquetes de medidas ambiciosos que han sido convalidados por esta Cámara para tener una salida social justa”.

Así, la ministra repasó algunas de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para reforzar la respuesta sanitaria a la pandemia, así como para reforzar el tejido productivo y el empleo y la protección social. En este sentido, mencionó la transferencia de 25 millones de euros en ayudas comedor para las comunidades autónomas, la de 300 millones, también para las comunidades, para incrementar el plan de servicios sociales, y la habilitación a los ayuntamientos para gastar 300 millones de su superávit en atención a los más vulnerables.

Asimismo, recordó la suspensión de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional; las moratorias en el pago de las cuotas hipotecarias y de los alquileres; avales por 1.200 millones de euros para ayudar en el pago de la vivienda; la prohibición de los cortes en el suministro de servicios básicos; la revisión a la baja del precio de la bombona de butano; la prolongación el bono social eléctrico; y la suspensión del pago de facturas de gas y luz para autónomos. Todo ello, aseguró, “con el planteamiento de proteger primero las rentas para que los ciudadanos no lleguen a situaciones de vulnerabilidad”.

Además, señaló que los avales del ICO dan prioridad a pymes y autónomos frente a grandes empresas, de forma que ya se han producido 231.000 operaciones de financiación de las que el 98,5% corresponden a pymes y autónomos, por más de 22.000 millones de euros avalados.

De esta forma, la ministra subrayó que todas las medidas aprobadas “suponen una salida de la crisis social, apoyando a los más vulnerables, muy distinta” la de la crisis de 2008, y también resaltó que en el ámbito europeo el Gobierno promueve “una respuesta europea y la mutualización de la deuda”, por lo que indicó al diputado del BNG su sorpresa sobre “su percepción de que se ha abandonado las propuestas ambiciosas” desde el punto de vista económico y social.

En este sentido, Calviño declaró que “tenemos que salir de esta crisis lo más fuertes posibles y para eso tenemos que salir juntos”, ya que “no hay sostenibilidad económica y financiera si no viene acompañada de sostenibilidad Social y medioambiental, son caras de la misma moneda y tenemos que avanzar en paralelo en los dos ámbitos”.

Por último, concluyó su intervención asegurando que “conseguir unos servicios públicos mucho más fuertes es una prioridad” y que “esta crisis no ha de servir como excusa para abandonar la agenda de transición ecológica, recortar el estado de bienestar, perder el objetivo de tener un sistema fiscal más justo y progresivo, luchar contra la brecha de género, o precarizar las relacionales laborales”.

Por su parte, Rego consideró “insuficientes” las medidas aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo y mostró sus dudas sobre el plan de desescalamiento presentado ayer, al señalar la incapacidad de muchas pymes y autónomos para volver a la actividad.

Además, mostró su desconfianza en que la Comisión parlamentaria para llegar a un acuerdo de reconstrucción tenga un resultado positivo y advirtió que “esta crisis no pueden pagarla los mismos, los trabajadores y los pueblos”, siguiendo “las recetas neoliberales que ya hemos padecido”.

Así, el diputado gallego pidió prolongar el periodo para pedir los ERTE por fuerza mayor, “abordar nacionalizaciones de las grandes corporaciones de sectores estratégicos de la economía, empezando por las que ya fueron públicas y nunca debieron haber sido privatizadas” y no “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas; no rescatar empresas con cargo a los salarios de los trabajadores”.