Según ha informado Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este dato refleja el impacto de la crisis del Covid-19, que ha supuesto restricciones a la movilidad y, como consecuencia, una drástica reducción del tráfico aéreo en el mes de marzo y la práctica total paralización del negocio comercial en la red de aeropuertos.

De esta manera, el número de pasajeros registrados en este trimestre ha caído un 20,4%, hasta los 42 millones, y los ingresos totales consolidados se situaron en 782,1 millones de euros, un 13,4% menos con respecto al primer trimestre del año pasado.

Si se contabilizan los datos del Aeropuerto de Luton y de los seis aeropuertos de Grupo Nordeste de Brasil, la cifra de pasajeros de Aena asciende a 48,3 millones, un 19,8% menos que en el mismo trimestre de 2019.

Por otro lado, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue de 251,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 36,1% respecto a 2019, incluyendo 11,5 millones de euros de la consolidación de Luton y restando 0,7 millones de euros del Grupo Aeroportuario del Nordeste.

La generación de caja de la compañía alcanzó los 486,8 millones de euros, frente a los 583 millones del primer trimestre de 2019.

En este mismo periodo, la deuda financiera neta se ha reducido hasta los 6.401,7 millones de euros (incluyendo la deuda financiera neta de Luton por importe de 476,3 millones de euros) frente a los 6.672,8 millones de euros al cierre de 2019.

Aena destaca que dispone de caja y facilidades crediticias por importe de 2.425 millones de euros, a las que se añade la posibilidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta 900 millones de euros, de los que se encuentran disponibles 495 millones de euros.

La entidad trabaja ya en la identificación de procesos aeroportuarios seguros y coordinados para que, una vez eliminadas las restricciones a la movilidad, los aeropuertos de la red puedan retomar la operatividad de una manera segura y que genere confianza a los pasajeros.

Las pautas definitivas y su calendario de puesta en marcha serán establecidas por el Gobierno en función de las exigencias sanitarias y coordinadas en todo momento con las compañías aéreas, los operadores comerciales y el resto de agentes del transporte aéreo.