Como valoración general, concluye que el plan “ignora la realidad diaria de la Justicia española” y adolece que “garantías, eficacia y realismo”.

La AJFV sostiene que el conjunto de medidas propuestas porel CGPJ “no es un plan de choque frente a la crisis por el estado de alarma”, sino que aprovecha la situación para proponer “una batería de medidas que constituyen, en su conjunto, un cambio estructural de modelo procesal”.

A su entender, la mayoría de las propuestas “no están justificadas” por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus y manifiesta su “preocupación” por el intento de introducir reformas que “merecen un gran consenso político”, advirtiendo que los órganos constitucionales “no deben escoger los resquicios de pérdida de garantías provocado por un estado constitucional pero excepcional, para eludir el control parlamentario y social”.

La segunda asociación de jueces del país critica que este plan se presenta sin memoria económica y, por tanto, “no mide su impacto” en términos presupuestarios y presenta muchas de las actuaciones como si no tuvieran costes, cuando en realidad sí los tendrán. E insiste: “Sin inversión económica es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses. Los recursos personales y materiales tienen un límite y lo barato sale caro a medio plazo”.

Además, la Francisco de Vitoria cree que estos planes no tienen en cuenta el impacto social que tendrán las medidas sobre la carrera judicial, que deberá someterse a adscripciones forzosas, funciones no remuneradas y riesgos laborales que están sin evaluar, en un momento en que las cuatro asociaciones judiciales tienen planteado un conflicto colectivo por negarse el CGPJ a fijar las cargas laborales a efectos de salud laboral.

“PARCHEO”

Considera, asimismo, “preocupante” que se planee la eliminación de las comparecencias orales en procedimientos civiles y laborales. “La huida de la oralidad hace retroceder nuestro sistema judicial al siglo XIX, a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, eliminando la inmediación y alejando al ciudadano de quien ha de resolver sus cuitas”.

La asociación advierte, además, que “el exceso de juicios por juez, no puede eliminarse reduciendo las celebraciones, sin reducir los asuntos, sino dotando de más medios”, por lo que ésta propuesta le parece “un parcheo” con “pérdida de derechos para los ciudadanos”.

En esta misma línea, la AJFV denuncia al “limitación injustificada de los recursos en segunda instancia” en los órdenes civil y, sobre todo, social. “Cualquier limitación del derecho al recurso –especialmente en materias sensibles como la laboral o de familia–, supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos”, insiste.

Especialmente reprobable es el hecho de “escoger el modelo de los juzgados de cláusulas suelo como modelo a seguir en otras materias y jurisdicciones”. Así, esta asociación considera un contrasentido que muchas de las medidas vayan dirigidas a desatascar esos juzgados que son “el modelo que se propone como modelo a seguir”.

En cuanto a la habilitación del mes de agosto, denuncian que grava sobre todo a abogados y procuradores, que “no podrán disponer del mes inhábil en la jurisdicción civil para conciliar su vida familiar ni para funciones organizativas de su propio negocio”.

En ese sentido, la AJFV propone mejor la habilitación “de entre dos o tres tardes a la semana (las mismas en todo el territorio nacional) servidos por comisiones de servicios o refuerzos voluntarios y retribuidos, de manera más eficaz y sin merma de derechos de ningún colectivo”. Finalmente, denuncia el “desprestigio” de la función de juzgar al “burocratizar la administración de justicia y limitar la oralidad, la contradicción, la inmediación y el respeto por la función jurisdiccional”.

Especial consideración merece lo que tachan de “degradación” de la función atribuida a los miembros de las últimas promociones de jueces, a quienes se pretende imponer funciones de refuerzo ampliando el periodo de refuerzo y sustitución o acortando la formación de la promoción actualmente en la escuela judicial.