Concretamente, el Grupo Parlamentario Popular pide en el Congreso la copia del expediente de contratación suscrito con la mercantil FCS Select Products S.L. para el suministro de mascarillas y la relación de ofertas solicitadas para la adquisición de las mismas.

Los populares se refieren a la “cantidad indeterminada” de mascarillas adquiridas por el Gobierno para su distribución pública a partir de este lunes en diferentes ciudades del territorio español y solicitan la relación de expedientes de compra tramitados por el Gobierno.

En el partido de Pablo Casado quieren conocer la relación de expedientes tramitados por el Ejecutivo para adquirir mascarillas destinadas a cualquier tipo de distribución masiva y, en particular, el reparto en otras administraciones, entre el personal dependiente de los ministerios, en los medios de transporte o en las farmacias.

COMPARECENCIAS

Además, el Grupo Parlamentario Popular pide que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas ya adoptadas, las que se están aplicando y las que tiene previstas desde su departamento ante la crisis generada sobre el coronavirus.

El PP también solicita la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que informe en la correspondiente Comisión de la Cámara Baja del impacto presupuestario de las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19.

Por otro lado, el PP ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre la lealtad de sus socios en estos momentos. En este sentido, los populares recuerdan que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el líder del PDECat, David Bonvehí, emitieron el pasado 7 de abril un comunicado conjunto en el que acusaban al Gobierno de España de aprovechar los decretos aprobados en el seno del estado de alarma para imponer medidas de ‘recentralizadoras’ que atacan el autogobierno vasco y catalán.

Por ello, el PP pregunta al Gabinete de Pedro Sánchez “cómo valora la lealtad de sus socios de investidura para con la crisis sanitaria que sufre el país desde, y según el Gobierno, el pasado 9 de marzo” y si “considera que se han aplicado políticas recentralizadoras durante la vigencia del estado de alarma”.