El pasado 31 de marzo, el Tribunal Supremo advirtió de que iba a estudiar si los directores de prisiones en las que se encuentran los presos del 'procés' podían incurrir en un delito de prevaricación y señaló que se les exigirían explicaciones si -como está estudiando la administración penitenciaria catalana- autorizaban su excarcelación para limitar el riesgo de contagio por coronavirus.

En su misiva, los portavoces aseguran que “nos encontramos ante una situación excepcional” que está impulsando a las autoridades a tomar medidas con el fin de reducir al mínimo la población reclusa para limitar el riesgo de contagio en los centros penitenciarios.

En ese sentido se han pronunciado Naciones Unidas y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. La semana pasada, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia de la Generalitat catalana, dio instrucciones de revisar los casos de las personas privadas de libertad en segundo grado y amparadas por el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, con el fin de que las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas autorizaran el confinamiento domiciliario si lo estimaban oportuno.

Antes de que las juntas de tratamiento se pronunciaran, según explican, “la oficina de comunicación del Tribunal Supremo mandó un whatsapp” en el que avisaba de que “en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del 'procès' acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el Tribunal Supremo se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director/directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación”.

Rufián y Cortés entienden que con esa comunicación “se ha pretendido condicionar la decisión que debían tomar los funcionarios de los centros penitenciarios catalanes” en una actuación “inaudita e impropia en un Estado de Derecho”.

Por ello, “le pedimos encarecidamente, como máxima autoridad del Ministerio Fiscal, que con la mayor diligencia proceda a actuar de oficio en defensa de la legalidad, de los derechos de la ciudadanía y del interés público para poner fin a la impunidad de quienes han llevado a cabo dichos actos y garantizar que los funcionarios de los centros penitenciarios puedan actuar con plenas garantías”.

Las prisiones catalanas de Lledoners, donde están los hombres, y Puig de les Basses, que acoge a las mujeres, están analizando si los internos clasificados con el 100.2 pueden pasar el confinamiento por la crisis del coronavirus en su casa, según informó la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima.

Los requisitos para acceder a esta posibilidad son los de tener un bajo riesgo de reincidencia y disponer de un domicilio. La Generalitat sostiene que es necesario que “haya menos gente" en las prisiones para limitar los contagios en los centros penitenciarios. La medida de confinamiento domiciliario afecta ya al 69% de los internos en tercer grado y podría extenderse a los que están amparados por el 100.2, que afecta a los independentistas presos.

Una vez autorizada la salida de un número importante de los presos en tercer grado, que ya duermen en su casa, las autoridades penitenciarias pasarán a estudiar individualizadamente la situación de los internos en segundo grado penitenciario regulado por el 100.2, que están autorizados a salir de prisión para trabajar, hacer voluntariado, formación, tratamiento o hacerse cargo de personas mayores.

La responsabilidad de analizar estos casos uno por uno recae sobre las juntas de tratamiento extraordinarias que en esta situación harán una lectura "no restrictiva" del reglamento penitenciario. En caso de que se apruebe que puedan pasar el confinamiento en casa, la medida quedará "automáticamente revertida" una vez se acabe la emergencia sanitaria.

Las propuestas de las juntas de tratamiento serán "de aplicación inmediata" puesto que se trata de un procedimiento sin intervención de la Secretaría de Medidas Penales porque la decisión de la junta irá directamente al juzgado de vigilancia penitenciaria, que recabará el informe de la Fiscalía. Después, el juzgado de vigilancia decidirá si ratifica o no la propuesta de la prisión. En caso de recurso, no se suspende la aplicación de la medida.