Así lo dijo la vicepresidenta y también ministra durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados al que acudió para defender la convalidación del real decreto ley aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros que contiene numerosas medidas como moratorias en el pago del alquiler y de la cuota hipotecaria para los más afectados por la crisis, prórroga del pago de las cotizaciones sociales de autónomos y empresas, extensión del bono social a otros colectivos o nuevos subsidios destinados a las empleadas del hogar y los trabajadores temporales.

Calviño defendió que el decreto, con más de 50 medidas, “viene a completar la red de seguridad que desde el primer momento hemos estado teniendo para asegurar la protección de los ciudadanos, particularmente los más vulnerables, y apoyar el tejido productivo y el empleo” y construir una “buena base para reactivarnos”.

La vicepresidenta afirmó que “es evidente que estas medidas tienen un coste, un impacto económico y social”, particularmente en “reducir la movilidad y no paralizar la actividad económica”.

Incidió en este sentido en que el impacto sobre la economía de las medidas de contención es “exponencial” y señaló que “cuanto más tiempo se mantengan, mayor será el impacto”. Por ello, pidió “atajar la crisis sanitaria cuanto antes”.

La vicepresidenta defendió que “no hay dicotomía entre proteger la salud y proteger la economía” porque “son dos caras de la misma moneda” y que es “fundamental facilitar a las empresas y a los trabajadores este estado de hibernación de la actividad y la flexibilidad que hemos concedido a algunos sectores para garantizar que puedan reactivarse”.

Subrayó que es “prioritario para el Gobierno” adoptar medidas que vienen a “aliviar” la situación financiera de los colectivos más vulnerables, para que “puedan capear de la mejor forma posible esta situación excepcional”.

En cuanto a la respuesta europea a esta crisis, Calviño, que participará esta tarde en una nueva reunión del Eurogrupo, señaló que “es precisa una respuesta común, más decidida, más europea”, más allá de los préstamos por 500.000 millones de euros que se quieren impulsar a través de los distintos mecanismos europeos. “Supondría un primer paso positivo para articular una respuesta conjunta pero no es suficiente”, consideró la vicepresidenta, que pidió “trabajar en paralelo para crear un mecanismo de puesta en común de la deuda” como los llamados ‘coronabonos’. “La salida de esta crisis no puede suponer que cada uno de los países ha de asumir en solitario la carga fiscal de las medidas”, según Calviño.

OPOSICIÓN

En el turno de la oposición, el diputado del PP Mario Garcés manifestó la abstención de su grupo pero advirtió de que el escenario económico, con “900.000 empleos destruidos” y “473.000 ERTE”, es “de absoluta desolación”. “Les pido que seamos eficaces, que no convirtamos un estado de alarma en una alarma de estado”, afirmó.

Mientras, el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, quiso marcar distancias con la forma en que el Gobierno de Mariano Rajoy afrontó en 2012 las consecuencias de la crisis económica que empezó en 2008. Así, ensalzó los ERTE para mantener vivos los empleos para cuando pase el coronavirus y las medidas para impedir desahucios y sentenció: “Menos mal que esta crisis la gestiona un Gobierno progresista”. A su modo de ver, si lo hiciera el Partido Popular al sufrimiento por la enfermedad se añadirían otros por la precarización y el empobrecimiento. Luego, ante la petición de ayudas del Estado por el PP y Vox, preguntó irónicamente: “¿Dónde están los liberales?”.

Desde las filas de Vox, Macarena Olona cargó contra el Gobierno “socialcomunista” por haber “abandonado a los españoles” y por aprobar medidas “de mayor intervención en la economía pese a venderlo como un supuesto escudo social”. Olona acusó al Ejecutio de cometer “clara negligencia criminal” al celebrar la manifestación del 8 de marzo y de incurrir en “la ignominia de nuevamente hacer rapiña de la miseria que está asolando España”. Y aunque consideró que el decreto contiene medidas “insuficientes” y muestra “improvisación”, manifestó la abstención de Vox.

Por Unidas Podemos, Txema Guijarro criticó que “las derechas no han visto mejor oportunidad para defender intereses de parte que este momento de crisis” y agregó que se han trasladado propuestas al Gobierno para “simplificar trámites” y “acelerar” la llegada de estas ayudas.

Desde ERC, Gabriel Rufián avisó de que “este real decreto saldrá, pero cada vez salen más justos”. Aunque apuntó la abstención de ERC por considerar que es “bueno en general”, sí criticó que “se lo cargan abriendo la puerta a uno de los mayores hachazos a las comunidades que haya conocido esta democracia”, en referencia a destinar los fondos que recaudan las regiones por formación al pago de las medidas aprobadas por la crisis.

Por su parte, el diputado del PNV Aitor Esteban se alineó en ese último punto. Comenzó su intervención afirmando que “merecerían que votáramos no” por lanzar ese decreto “sin consultar” y por su desacuerdo con destinar los fondos recaudados por formación por las comunidades autónomas a financiar prestaciones derivadas de esta crisis. No obstante, avanzó la abstención de su grupo.

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal consideró que el decreto “llega tarde” y se queda “corto”, aunque manifestó que en su grupo están “satisfechos” porque “se hayan aceptado muchas” de sus propuestas. En esta línea, agregó que “nos congratula mucho que el Grupo Socialista se comprometa a que este real decreto se pueda tramitar como proyecto de ley y reunir aportaciones de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara”.

Bal incidió en que desde Ciudadanos “preferimos colaborar en la mejora de la norma que no rechazarla sin más”. “Hay que ser sensatos y si lo son, contarán con nuestro apoyo leal y exigente”, agregó.

Entre los grupos más minoritarios, Íñigo Errejón, por Más País, criticó que “en la letra pequeña mucha gente se queda atrás” y puso de ejemplo las moratorias del pago de la hipoteca por suponer “papeles y requisitos y al final las ayudas no llegan”.

“Hace falta política decidida de transferencia directa para que la única política social no sea que la gente se endeude”, consideró Errejón. “No nos opondremos, pero de este Gobierno esperábamos más y seguimos esperando más”, aseveró.