Así lo demandaron estos seis consejos colegiales de profesiones sanitarias a través de un comunicado conjunto en el que anunciaron que los centros de las seis profesiones han decidido, de forma mayoritaria y “por responsabilidad”, cerrar sus instalaciones para “preservar” la salud de sus pacientes y profesionales con el objetivo de atender solo urgencias “imprescindibles e inexcusables" que, previa valoración telefónica, puedan ayudar a “evitar el colapso” del sistema sanitario público.

En este sentido, consideraron que deben garantizar “únicamente” su actividad “exclusivamente en aquellas situaciones en las cuales la actuación urgente del profesional sea fundamental para la evolución del paciente” y con el fin de “revertir la curva de contagio”.

A este respecto, recordaron que sus intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente, “muy próximo y sostenido en el tiempo”, lo que, a su juicio, “aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el paciente”.

Además, subrayaron que la “gran mayoría” de sus procedimientos terapéuticos pueden ser aplazados “por su carácter no urgente” y para evitar así contribuir a la propagación del virus entre la ciudadanía que acude a sus centros teniendo en cuenta, por otra parte, que el “riesgo” que supone el desplazamiento y el contacto para realizar el tratamiento “es mayor que el beneficio que producirían los procedimientos terapéuticos”.

Junto a ello, denunciaron que no disponen del material de protección necesario ni para los pacientes ni para los profesionales y tampoco pueden adquirirlo debido a la “carencia general existente”, a pesar de lo cual se pusieron “a disposición” del Ministerio de Sanidad para ayudar a “hacer frente” a esta emergencia sanitaria.

Finalmente, precisaron que los modelos de propagación del virus “aconsejan la restricción de movimiento, de modo que la asistencia de la ciudadanía “con frecuencia” a estos centros “provocará un aumento en el número de contagios”, dado que la población que habitualmente acude a sus servicios es población de riesgo, por lo que estimaron “evidente” que estos locales se han convertido en espacios “de alto riesgo” para sus pacientes.

En este sentido, hicieron hincapié en que el Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid‐19, indica la importancia de trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

Por otro lado, insistieron al Ejecutivo en que sus colectivos representan a centros en los que se realizan procedimientos terapéuticos específicos ambulatorios, sin ingreso y no a centros sanitarios con servicio de hospitalización, por lo que afirmaron que la regulación de ambos “debe estar diferenciada por este factor”.