Se trata de la ‘golden share’ activada dentro del macropaquete de medidas económicas y sociales incluidas en el Real Decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para proteger a compañías, familias, autónomos y trabajadores frente al impacto económico ocasionado con la situación excepcional provocada por el Covid-19.

Su activación la realiza mientras dure la crisis de la pandemia y la justifica por motivos de “seguridad pública, orden público y salud pública”, en los principales sectores estratégicos y ante la vulnerabilidad frente a Opas hostiles que pueden presentar dada su baja valoración bursátil.

“El reciente impacto de la crisis global desencadenada por el Covid-19 sobre los mercados bursátiles mundiales, supone una amenaza cierta para las empresas españolas cotizadas, pero también para las no cotizadas que están viendo mermado su valor patrimonial, muchas de ellas de los sectores estratégicos de nuestra economía, de que se lancen operaciones de adquisición de las mismas por parte de inversores extranjeros”, justifica en el Real Decreto-Ley.

Entre los inversores a los que aplica la medida incluye también a empresas públicas, además de a los fondos soberanos, y a aquellos países de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Jurídicamente se instrumenta mediante una “suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España” y obligará a dichos inversores a comunicar su intención de entrar en el capital o reforzarse, exponiéndose a sanciones y a que se anule la operación de no cumplir este nuevo requisito.

A efectos de la protección inversora o la ‘golden share’ el Gobierno considera por ley como estratégicas a las empresas que cubren infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales y los terrenos y bienes que utilizan para su actividad.

Entre ellas figuran las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles.

También incluye las tecnologías críticas y productos de doble uso que incluyen a empresas de inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

El Gobierno se reserva además la posibilidad de aplicar esta nueva regla a inversiones en otras compañías no incluidas en el listado cuando “puedan afectar a la seguridad pública, orden público y salud pública”.

El inversor interesado deberá comunicar sus pretensiones para recibir la correspondiente autorización oficial. Sin ella carecerá de validez, hasta recibir el permiso, y si no realiza el trámite oportuno será considerado una infracción “muy grave”.

Corresponderá a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias incoar el correspondiente expediente sancionador y aprobar la sanción al Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.