En un comunicado, la Benemérita informó este sábado de que la detenida sacrificó, a lo largo de diez años, a casi 500 animales, ejerció funciones de veterinaria sin estar titulada y falsificó documentación relacionada con la actividad.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento del posible ejercicio de prácticas ilegales en dos establecimientos de una protectora de animales de El Baix Ebre (Tarragona). Durante el pasado mes de septiembre, al inspeccionar las instalaciones de la protectora para comprobar el estado de los animales, la Guardia Civil detectó ciertas irregularidades, como administración de vacunas, expediciones de recetas y tratamientos veterinarios realizadas por personas no tituladas.

Desde el inicio de la actividad de la protectora, varias fundaciones y asociaciones se vincularon a la misma mediante convenios de colaboración para realizar adopciones y financiar el mantenimiento de los animales en los centros de acogida, llegando a pagar por adopción entre 300 y 350 euros.

“Con objeto de obtener un mayor beneficio, los responsables de la protectora prescindieron de los servicios veterinarios para la diagnosis de enfermedades, realizar pruebas y administrar vacunas”, explicaron los agentes en el comunicado.

RAZONES ECONÓMICAS

Otra de las actividades que llevaban a cabo era sacrificar a los animales en el centro atendiendo a criterios exclusivamente económicos, ya que recibían una aportación de las administraciones públicas por la recogida del animal de la vía pública.

Cuando el animal estaba enfermo o su adopción era difícil lo sacrificaban. Así, los agentes pudieron verificar que la protectora tenía una elevada tasa de mortandad, una tasa que alcanzó su máximo entre los años 2013 y 2015 con una media de 95 muertes anuales.

En el registro del domicilio de la detenida y del propio centro se encontró material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias en blanco, diferentes medicamentos y vacunas, e incluso una mesa quirúrgica para las operaciones.

También se comprobó que un veterinario titulado era el que le facilitaba los microchips y las cartillas sanitarias en blanco, sin que verificara posteriormente el uso que se hacía. Asimismo, mediante la falsificación de recetas de veterinarios titulados, adquiría medicamentos en diferentes empresas distribuidoras de las provincias de Barcelona y Zamora.