Así lo aseguraron a Servimedia fuentes de la consejería después de que este jueves se conociera la suspensión por parte de los tribunales. Dicha decisión tuvo lugar casi en paralelo a que este jueves el Ejecutivo murciano decidiese suspender las clases en los colegios de la región para evitar la expansión del Covid-19. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que los centros no se cerrarán pues los profesores y el resto del personal tendrá que acudir a ellos, aunque se fijará la posibilidad del teletrabajo.

La suspensión cautelar del pin se circunscribe a la previsión contenida en estas resoluciones de que los padres y las madres “puedan manifestar su conformidad o disconformidad” con la participación de sus hijos menores en actividades complementarias de las programaciones docentes que formen parte de la propuesta curricular y que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo.

Asimismo, la Justicia considera un perjuicio la posibilidad de que los alumnos no puedan realizar una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres”.

Hace unas semanas el Ministerio de Educación y Formación Profesional solicitó con carácter de urgencia la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, indicó entonces que el objetivo es impedir “que se ponga en jaque la educación pública” con el permiso familiar propuesto por Vox en Murcia, como condición para apoyar otras decisiones del Gobierno de Murcia.

“Nadie puede poner eso en jaque y mucho menos recurriendo a elementos que son censura”, dijo en referencia al 'pin parental' y a que con el mismo los padres puedan impedir que se imparta a sus hijos determinados contenidos extraescolares, como talleres sobre sexualidad.

Por su parte, la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia, Esperanza Moreno Reventós, ha venido sosteniendo en las últimas semanas que mantenía las instrucciones del denominado 'pin parental' porque cuenta con el aval “tanto por los informes jurídicos como por la inspección de educación, que llevan en funcionamiento seis meses”.