Según el Cermi, "la razón de salud pública invocada para la suspensión de los programas de vacaciones sociales de mayores es más válida y perentoria aún en el caso de los programas para personas con discapacidad, toda vez que la situación de salud de la población que acude a esta forma de turismo social es más frágil que la de las personas mayores". Por tanto, "están más expuestas y son más vulnerables a los efectos del coronavirus".

"Es cierto que ambos programas (mayores y discapacidad) tienen regímenes y modos de gestión no coincidentes", admitió el Cermi, pero "más allá de estas formalidades, la cuestión de fondo es más preocupante para las personas con discapacidad". De ahí que "la respuesta ha de ser la misma: suspensión por causa de fuerza mayor dictada por la autoridad última responsable (el Imserso)", concluyó.

A su juicio, "dar un tratamiento distinto a realidades sustancialmente idénticas carece de lógica desde el punto de vista de las medidas de contención de la crisis de salud pública que experimenta España en estos momentos".