Los recursos presentados se referían a los autos dictados el 10 de enero de 2020, contra la decisión del instructor de solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad que atañe a los recurrentes en su condición de miembros de la referida Cámara; la decisión de comunicar al Parlamento Europeo el previo procesamiento de los parlamentarios que ahora recurren y contra la decisión de comunicar al Parlamento Europeo que se mantienen las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de ambos parlamentarios, así como las órdenes europeas para su detención y entrega.

Respecto de las euroórdenes de detención y entrega de Puigdemont y Comín, actualmente en trámite de ejecución en Bélgica, los recurrentes se oponían a la decisión del instructor de comunicar a la autoridad judicial belga que se ha solicitado del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad que les afectaba.

Llarena ha dictado este auto después de recibir la petición de un juzgado de Girona para que se investigue al expresidente de la Generalitat por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Girona, Agissa, en la época que él era alcalde.

Según publica 'La Vanguardia', la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha enviado exposición razonada al Supremo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que inició una investigación sobre el destino de esos fondos en 2017 como consecuencia de un informe de la Intervención General del Estado que apuntaba a irregularidades en la gestión del dinero proveniente de Agissa.

Al encontrarse Puigdemont aforado por su condición de eurodiputado, el Alto Tribunal es el competente y así ahora deberá decidir si admite la exposición razonada remitida por la juez de Girona e inicia una investigación. Al encontrarse aforado por el Parlamento Europeo, de aceptar el asunto, el Supremo deberá solicitar un suplicatorio a la cámara europea para levantar su inmunidad.

Los delitos por los que se reclamaría su entrega ahora están entre los que implican la entrega inmediata a las autoridades nacionales, no como ocurre con el delito de sedición, que no tiene un equivalente exacto en la legislación belga.

La investigación se centra en averiguar si la autorización del Ayuntamiento para comprar la colección privada de arte del crítico Santos Torroella cuando Puigdemont supuso el desvío de fondos provenientes de la empresa de que tenía la concesión del agua. El importe de la operación ascendió a 4,7 millones de euros y la oposición en pleno votó en contra. La Fiscalía estudia si hubo delito de malversación.