La doctora declaró que no tienen claro si el motivo es el aumento del número de casos o si, por el contrario, los casos mantienen su tendencia pero se detectan más. Recordó que en 2018 se contabilizaron 800 casos de este tipo, cifra “bastante alta” porque “se entiende que no están reflejadas todas las víctimas de agresiones sexuales”.

“Hemos notado una elevación del número de este tipo de víctimas. Hemos hecho un gran trabajo y mucho énfasis en la formación de los profesionales para atender este tipo de personas. Se tiene mayor sensibilidad y el factor sospecha siempre está en nuestra cabeza cuando atendemos a este tipo de víctimas”, explicó.

Estas declaraciones se produjeron en una entrevista a Servimedia antes de que la experta interviniera en el taller ‘Sumisión Química y Agresión Sexual’, organizado por la Unidad de Igualdad de Universidad Complutense de Madrid (UCM) y celebrado este martes en la Sala de Reuniones del Instituto de Investigaciones Feministas en el Pabellón de Gobierno de la universidad.

Durante la jornada, Gabriela Peña y Lillo explicó cómo proceder ante los casos de mujeres víctimas de violencia sexual relacionados con la sumisión química. Este concepto tiene que ver con el uso o “el aprovechamiento” de sustancias “que alteran la voluntad” o el nivel de memoria para que los agresores actúen sobre la víctima.

“Muchas veces las sustancias generan alucinaciones. Todos los cambios facilitan la agresión y ayudan a que el discurso de la víctima no sea creíble”, alertó la también presidenta de la Comisión de Humanización del centro hospitalario.

Gabriela Peña explicó que este tipo de eventos siguen siendo necesarios porque “ninguna mujer en ningún ámbito” está protegida de que puedan pasar “este tipo de cosas”. Con más motivo señaló el ámbito universitario para que todas las personas que lo conforman sepan “cómo actuar el caso de una sospecha de sumisión química o de una agresión sexual”.

“Que los hombres empiecen a darse cuenta de que meter una sustancia o intentar alterar el nivel de conciencia de una persona para obtener un fin es un hecho delictivo y tiene que pagar por ello. Es un delito y se los va a perseguir. Tenemos la capacidad de ayudar a detectar estos casos y que los hechos no queden impunes”, declaró.

En cuanto a los retos generales de la sanidad para prevenir las agresiones sexuales, Gabriela Peña declaró que lo más importante es “la sensibilización de los profesionales” para que la violencia esté presente cuando se produzca un posible caso de agresión sexual. “Es un problema que nos afecta a todos y hay que tratarlo como un problema de salud pública. Creo, sobre todo, en el hecho de que los profesionales de la salud entendamos la violencia como un condicionante de salud a las mujeres”, afirmó a Servimedia.