Reyero explicó que “eso permite”, por ejemplo, con las ayudas provenientes del IRPF, evitar que haya “determinados pisos (de acogida o para determinados colectivos sociales) o servicios que tengan que examinarse año a año para ver si se aprueba el presupuesto para poder continuar con su piso o servicio en función del dinero disponible y las solicitudes existentes”.

“Eso no tiene sentido”, dijo Reyero, quien consideró que “tiene que establecerse un sistema estable en el que se puedan concertar plazas y que a una entidad del Tercer Sector le dé seguridad de que va a prestar ese servicio durante siete, ocho o nueve años, en unas determinadas condiciones con precios establecidos”.

A su juicio, “para eso necesitamos reformar la Ley de Servicios Sociales y aprobar el Concierto Social, que es algo que ya está en otras comunidades autónomas”.

Por otra parte, dijo que también espera sacar adelante una nueva Ley de Servicios Sociales y señaló que “ya estamos trabajando en un texto y lo vamos a hacer con partidos políticos, entidades del sector y colegios profesionales”.

Indicó que la vigente Ley de Servicios Sociales es de 2003 y dijo que Madrid es la única comunidad junto con Murcia que no la tiene adaptada a la de Dependencia, lo que “provoca disfuncionalidades tremendas”.