En su primera comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados Montero señaló que la nueva norma "establecerá medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales así como proteger y reparar las víctimas de las mismas, tanto en el ámbito público como en el privado, tales como la familia, la comunidad, el espacio público, el lugar de trabajo, el ocio, la política, la justicia, el deporte, la educación, el entorno digital y los servicios sociales y sanitarios"

También destacó que prestará asistencia a las víctimas, lo que supondrá la implantación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada "en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad, que incluya los centros de crisis 24 horas recomendados por el Consejo de Europa, cuya implantación progresiva será esencial para la recuperación de las víctimas".

Respecto a los datos sobre este tipo de violencias, la ley también establece la creación de un sistema complejo de recogida de datos, en base a estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención a las mujeres. "Nuestro punto de partida será la última macroencuesta encargada en 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ya incluía indicadores de violencia sexual y cuyos resultados están próximos a darse a conocer", agregó la ministra.