Lo dijo en una rueda de prensa junto con su homólogo de Macedonia del Norte, Nikola Dimitrov, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, después de que Argelia haya aprobado un real decreto de Argelia que afectaría a aguas de la isla balear de Cabrera.

España comparte frontera marítima con cinco países: Portugal; Francia, Italia, Marruecos y Argelia, con los que están pendientes la delimitación de la mayoría de los espacios marítimos.

El Parlamento marroquí aprobó el pasado mes de enero dos leyes que fijan su frontera marítima sobre España y Mauritania y declaran su soberanía sobre las aguas territoriales del Sahara Occidental. Previamente, esas leyes fueron aprobadas en la Comisión de Exteriores del referido Parlamento.

Estas leyes establecen el límite de las aguas territoriales, fijado en doce millas, y crean una Zona Económica Exclusiva de 200 millas. La plataforma continental queda delimitada en las 350 millas.

Por su parte, Argelia ha aprobado un real decreto que afectaría a aguas de la isla balear de Cabrera.

La ministra apuntó que existen diferencias entre la delimitación de aguas efectuada por parte de Marruecos que afecta a Canarias y al Sáhara Occidental y la efectuada por Argelia.

Redujo la pretensión marroquí a una “expresión de interés”, mientras que adujo que la ambición argelina va más allá al concretar cómo se procedería a dicha delimitación.

González Laya explicó que el Gobierno tiene conocimiento de las pretensiones de Argelia desde hace dos años, momento en que se trasladó a las autoridades de ese país el rechazo español.

Ante esta situación, la ministra evocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que fue suscrita por España en 1997, para recordar que si no existe acuerdo sobre la delimitación de las zonas marítimas cuando las costas de dos territorios se encuentren frente a frente ambas partes tienen que negociar.

Esto le sirvió para dejar claro que la delimitación de aguas de Argelia está todavía sujeta a una negociación que no ha comenzado.

La jefa de la diplomacia española también se pronunció sobre el cierre de la Depositaría de los Bienes del Estado Español en el Sahara, sita en El Aiún, lo que afecta a 12.000 saharauis con nacionalidad española, 7.000 de ellos menores. Este depositario tenía la potestad para firmar algunos documentos de segunda categoría, como la autorización a un cónyuge a viajar a España con hijos menores, la concordancia de datos o la verificación de una traducción.

Lo hizo para defender que la decisión de Exteriores va dirigida a poner orden, puesto que un depositario de bienes no es una autoridad consular, puesto que no está capacitado para “legitimar documentos públicos”. Por ello, defendió que en la práctica no se han producido cambios sustanciales que puedan afecten a las personas concernidas.