Así se pronunció la jefa de la diplomacia española en una interpelación en el Congreso de los Diputados formulada por la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su frontera marítima afectando a Canarias y al Sáhara Occidental.

El Parlamento marroquí aprobó el pasado mes de enero dos leyes que fijan su frontera marítima sobre España y Mauritania y declaran su soberanía sobre las aguas territoriales del Sahara Occidental. Previamente, esas leyes fueron aprobadas en la Comisión de Exteriores del referido Parlamento.

Estas leyes establecen el límite de las aguas territoriales, fijado en doce millas, y crean una Zona Económica Exclusiva de 200 millas. La plataforma continental queda delimitada en las 350 millas.

González Laya preludió su respuesta recordando que la delimitación de los espacios marítimos se rige por el derecho internacional, concretamente por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que fue suscrita por España en 1997.

Esta norma regula el derecho de cada país a establecer espacios o zonas marítimas, zonas contiguas exclusivas o plataformas continentales, así como la extensión máxima que éstos espacios puedan tener.

También recoge los criterios para llevar a cabo la delimitación de esas zonas marítimas cuando las costas de dos territorios se encuentren frente a frente y establece los mecanismos de solución de controversias conforme a derecho.

No obstante, no explica de qué manera cada país debe definir sus espacios, dejando el momento y la modalidad a los intereses de cada estado.

La ministra explicó que España comparte frontera marítima con cinco países: Portugal; Francia, Italia, Marruecos y Argelia, con los que están pendientes la delimitación de la mayoría de los espacios marítimos.

Esto le sirvió para apuntar que, en el caso de Marruecos, se comparte frontera en tres espacios geográficos: mar de Alborán, estrecho de Gibraltar y Canarias.

En el caso objeto de interpelación, González Laya manifestó que Marruecos está satisfaciendo el derecho que tiene recogido en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar a partir de dos proyectos legislativos, cuyo origen se remonta a 2017, pero que ha decidido activar ahora.

No obstante, manifestó que el ministro de Exteriores marroquí ha informado puntualmente y sin subterfugios del avance de los mismos, tal y como pudo comprobar de primera mano en su reciente visita a Rabat.

A pesar de la voluntad expresada por Marruecos, la ministra destacó que ambos países están de acuerdo en que, en la delimitación de sus aguas territoriales, una tarea que todavía está pendiente de ejecutarse, no caben “decisiones unilaterales” ni “hechos consumados”.

Sin embargo, dejó claro que Exteriores estudiará “meticulosamente” el contenido de las disposiciones aprobadas por Marruecos y se reservará el derecho a “actuar en la medida en que sea oportuno”.

“La defensa de los intereses nacionales no está reñida con la voluntad de gestionar esta cuestión con diálogo y entendimiento”, aseveró.

La ministra se comprometió a abordar esta cuestión, tan importante para Canarias, con la “máxima transparencia” y la “mayor cooperación”.

Por otro lado, González Laya rechazó que se haya cerrado un Consulado en El Aiún, sino que se ha puesto un “poquito de orden”, puesto que allí había un “depositario de bienes, que no tiene capacidad para formalizar documentos”.

“Ser implacables en la defensa de los intereses e impecables en las formas y los procedimientos”, presentó como máxima de su acción al frente de Exteriores.

Por último, confirmó que la posición del Gobierno sobre el Sahara es la “misma de ayer, la misma de hace cinco años y la misma de hace diez años, porque es una política de Estado”.

Por su parte, Oramas lamentó que la actitud de Marruecos sea la consecuencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya elegido ese país como destino de su primer viaje oficial al extranjero, rompiendo una tradición de 30 años.

Dijo que su preocupación no surge de un alarmismo irreflexivo y afirmó que esta entente no se solventa con el recurso fácil de acudir a los tribunales, puesto que en el fondo de ella se esconden intereses económicos y geoestratégicos, como la política de “hechos consumados” de Marruecos sobre el Sahara.

Por ello, conminó al Gobierno a utilizar la vía diplomática para garantizar la soberanía española sobre los espacios marítimos y la integridad territorial de Canarias y, si fuera preciso, presentar una queja formal ante la ONU por incumplimiento marroquí de su convención sobre el derecho del mar.