La reforma será posible al admitirse a trámite una proposición de ley de Unidas Podemos (UP), que plantea suprimir en su totalidad del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que hace cuatro años fijo el máximo de seis meses para las causas penales.

Aunque los partidos discrepan sobre qué limites fijar en adelante a la instrucción penal, la iniciativa de UP será tramitada, ya que a favor de la misma votarán la mayoría de los partidos, incluidos Vox y Ciudadanos.

Por su parte, el PP, que impulsó la reforma de los plazos de instrucción penal hace cuatro años, se abstendrá este martes para que se tramite la propuesta de UP, donde las distintas fuerzas podrán presentar enmiendas.

Durante en el debate del Pleno de esta jornada se puso de manifiesto que la mayoría de los partidos coinciden en que suprimir la reforma de 2015 ayudará a combatir la corrupción. Sin embargo, formaciones como PSOE, PP, PNV o JxC consideran que, aunque se elimine el tope de seis y 18 meses para las investigaciones penales, debe haber algún tipo de límite.

EVITAR LA “VICTIMIZACIÓN ABSOLUTA”

A este respecto, Isaura Leal, del PSOE, coincidió con UP en que suprimir la reforma sobre los topes a la instrucción penal ayudará a combatir mejor la corrupción, aunque señaló que “hay que poner límites” de tiempo a estas investigaciones. Añadió que esto es algo que habrá que fijar “contando con los profesionales de la Justicia”.

En la misma línea, María Jesús Moro, del PP, dijo que su partido no se oponía a la toma en consideración de esta reforma de los plazos máximos de instrucción porque toda norma es “mejorable”. Añadió que los propios fiscales han dicho que limitar en el tiempo las investigaciones penales es un “cambio de paradigma”, aunque no fijar algún límute puede provocar una “victimización absoluta” de los encausados.

Por su parte, Jaume Asens, en nombre de UP, sostuvo que la reforma de 2015 fue un intentro del PP de conseguir la “impunidad” en los casos de corrupción que le afectaban, por lo que emplazó a este partido a sumarse a esta modificación legal para demostrar que quiere “pasar página” de las irregularidades que han afectado a su estructura o algunos de sus miembros.

“IMPUNIDAD DE LOS CORRUPTOS”

Asimismo, en nombre de Vox, su diputada Macarena Olona indicó que la reforma que acotaba los plazos de instrucción era “vergonzosa” y no tenía “otro propósito” que “favorecer la impunidad de los corruptos”.

En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal afirmó que el artículo 324 de la Lecrim era realmente aberrante”, puesto que “en seis meses no se resuelve ningún delito, ni de pobres ni de ricos”, salvo “una riña o de algo de poca monta”.

A su vez, Jaume Alonso-Cuevillas, diputado de JxC y abogado de Carles Puigdemont, defendió que “el proceso penal no debe alargarse sin medida” y que la limitación de los tiempos de las investigaciones es “una garantía para los ciudadanos de a pie”.