Así lo desveló este jueves la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas principales que guiarán las actuaciones de su departamento.

Según explicó, ambas revoluciones son claves en el futuro del país y solo la transición ecológica necesitará movilizar un volumen de inversión superior a los 200.000 millones de euros en diez años conforme a estimaciones del Plan de energía y clima, una cuantía ingente que exigirá el concurso tanto del ámbito público como privado.

A preguntas de los diputados sobre la creación de una banca pública y si eso incluye Bankia como quería Unidos Podemos, Calviño defendió que Bankia es un operador económico gestionado con criterios “absolutamente privados” y la posición del Gobierno ahí es “clara”: “maximizar la recuperación de las ayudas que se invirtieron en la entidad”.

Bajo esa finalidad, la vicepresidenta económica defendió que “no hay que actuar de forma apresurada”, sino buscando cómo recobrar la mayor cantidad factible de los recursos públicos comprometidos en su rescate y separó claramente a Bankia de la banca pública.

“Cosa distinta es –dijo-, el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO)”, que “ya es el principal instrumento” al ser el banco de desarrollo o banco público del país.

Calviño explicó que estas reflexiones de fortalecer el apoyo público para la transformación digital y ecológica se está produciendo a nivel comunitario, abogando por fortalecer la coordinación de los tres organismos (ICO, CDTi y Enisa) “para que tengamos una arquitectura lo más eficiente posible y que saque el máximo provecho posible de cada euro que se invierte”.

El CDTi (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) también se dedica a financiar empresas volcadas en el ámbito de la innovación tecnológica y el I+D+I, mientras que Enisa (Empresa Nacional de Innovación), adscrita al Ministerio de Industria, se centra en la búsqueda y utilización de nuevos instrumentos financieros de apoyo a las pymes, y el IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía) en proyectos más de eficiencia energética.

La vicepresidenta explicó que el Gobierno está comprometido con impulsar una transición ecológica “justa”, que tocará a incontables frentes y proyectos, ya que afecta a numerosos ámbitos como lo son la energía, la movilidad o la vivienda.

En clave digital reconoció que España parte con una posición “favorable” gracias a la “extraordinaria red” o la existencia de empresas líderes, pero estamos “rezagados en las capacidades digitales de la población” y en la penetración de las nuevas tecnologías entre las pymes, y el desafío que asume el Gobierno es que la digitalización llegue a todos.

COMBATIR LA MOROSIDAD

Por otro lado, citó entre las prioridades de Economía también la necesidad de “eliminar los obstáculos al crecimiento empresarial” y “fomentar el mejor clima”, en colaboración con la industria y las comunidades autónomas.

Bajo esta máxima apuntó que hay que avanzar en la lucha contra la morosidad, “sobre todo en el pago de las facturas a las pymes”, y corresponde además “reforzar la financiación empresarial”, especialmente la “no bancaria”.

En la agenda motriz incluyó asimismo reforzar la calidad institucional, incorporando entre las medidas la directiva comunitaria que reforzará al organismo supervisor en su tarea para evitar potenciales cárteles, o impulsar “el capital humano” con políticas de formación “a lo largo de toda la vida laboral”, con formación dual y aumentando el catálogo de formaciones.

El Gobierno desplegará además medidas para reforzar la “eficiencia y equidad” del mercado laboral, que aún adolece que elevadas tasas de temporalidad y precariedad, “sobre todo entre los más jóvenes”, y hay que abordar y resolver.

Calviño recordó que la primera vez que compareció en el Congreso fijo como prioridad trasponer las 14 directivas europeas que se encontraban atascadas, muchas fuera de plazo y con la amenaza de Bruselas de sanciones a España.

La vicepresidenta indicó que 12 ya están traspuestas en su integridad, y acaba de sacar a consulta otra batería de directivas financieras y sobre blanqueo de capitales. En el tejado de su ministerio indicó que hay actualmente “otra docena” de directivas nuevas que han ido llegando y que cursará, ya que, aunque sean proyectos “menos glamurosos”, son necesarios para proteger a los ciudadanos, “reforzar” la seguridad jurídica de los operadores económicos y “para que nuestro país esté totalmente alineado” con el entorno regulatorio europeo.

De manera inmediata anunció que “en breve” confía en enviar a las Cortes la regulación sobre el ‘sanbox’ o entorno controlado donde se podrán rodar nuevas tecnologías, con una supervisión que garantice la protección del consumidor.

Entre las prioridades citó igualmente a la autoridad de protección de cliente financiero, sobre la que dijo que el ministerio se encuentra volcado en el trabajo técnico, “pero –precisó- todavía llevará un tiempo antes de venga a las cámaras”.