Los recurrentes consideraban que la decisión del Tribunal Supremo había vulnerado su derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo, contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución, porque como diputados del Parlament tenían derecho a debatir y pronunciarse con su voto sobre la investidura del candidato propuesto.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, razona que los recurrentes no han agotado la vía judicial antes de acudir en amparo al Tribunal Constitucional. En efecto, dice el TC, “una vez dictado el auto de 9 de marzo no articularon ningún medio de impugnación ni tampoco dirigieron al magistrado instructor ni a la Sala de Recursos del Tribunal Supremo ningún escrito tendente a denunciar la vulneración de sus derechos”. Es más, ni siquiera formularon adhesión al recurso de apelación presentado por Jordi Sànchez ante el Supremo.