AUME emitió un comunicado en el que explicó que su petición se produce ante la “gran repercusión social y mediática” que ha tenido la difusión del vídeo en el que se ve a Ortega Smith desenvolviéndose en el referido ejercicio.

Por ello, reclamó al Ministerio que investigue “hasta las últimas consecuencias” cómo un participante de un curso organizado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) utiliza armas de guerra en instalaciones de las Fuerzas Armadas.

El colectivo consideró este hecho como “muy grave” y con consecuencias para la imagen de las Fuerzas Armadas, por lo que instó a Aclarar y, en su caso, “depurar las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse” del mismo.

Explicó que las normas militares y la doctrina de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo han puesto de manifiesto que el uso de armamento militar “supone en sí mismo un acontecimiento de creación de peligro que ha de desarrollarse, únicamente, en funciones en formación, enseñanza y adiestramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Prueba de ello, añadió AUME, es que el Tribunal Supremo ha establecido que “es cierto que existen casos en que la creación del peligro está admitido, como sucede con el manejo y utilización de las armas en ejercicios de fuego real cuya realización forma parte del adiestramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, sin que ello autorice a rebajar el nivel de exigencia del deber de cuidado sino que, bien al contrario, éste ha de elevarse hasta quedar situado a la altura que demanda el riesgo extraordinario que se crea, con objeto de evitar el resultado”.

Esto le sirvió para colegir que las leyes penales y disciplinarias militares contienen supuestos que, de haberse producido, podrían concluir en “severas responsabilidades”.

También advirtió de que “no permitirá” que las responsabilidades que se deriven de este hecho sean “diferidas y personalizadas a los militares de menores empleos”, puesto que es “evidente” que este tipo de situaciones únicamente pueden producirse con “el consentimiento y anuencia de personas con responsabilidades del alto nivel y de mando”.

AUME destacó que las Fuerzas Armadas “están al servicio de todas y todos los ciudadanos” y que la utilización de medios, instalaciones y personal ha de estar “directamente al servicio de las misiones que el ordenamiento jurídico encomienda a los Ejércitos y a la Armada”.

Por último, denunció la “precariedad de muchas instalaciones militares” y la “falta de retribuciones dignas” de los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, según AUME, “contemplan con asombro y frustración cómo se las utiliza en acciones de muy dudosa legalidad, que inciden muy negativamente en la percepción que la sociedad española tiene de su trabajo”.