Desde Sevilla, Casado explicó que el equipo jurídico del PP decidió a primera hora de esta mañana “registrar ante la sede judicial actuaciones” para que la Justicia determine qué ocurrió en este encuentro entre Ábalos y Rodríguez, habida cuenta de que el ministro “no quiere comparecer en sede parlamentaria” por esa cuestión.

“Si la Fiscalía así lo requiere y la fiscal general del Estado finalmente no actúa como juez y parte de su partido, esperamos que el señor Ábalos pueda ir a sede judicial a explicar qué pasó en Barajas”, señaló el presidente de los populares.

De esta forma, Casado dijo que espera encontrar respuesta a “por qué la vicepresidenta de un régimen dictatorial que tiene su entrada prohibida a la Unión Europea (UE) pudo transitar por suelo español sin que fuera deportada ni denunciada”. También a “por qué ha mentido hasta en seis ocasiones (Ábalos) y ahora echa la culpa al ministro del Interior y a la Policía Nacional”.

A esto unió que “el jefe” de Ábalos, refiriéndose a Pedro Sánchez, sostenga que así se evitó un conflicto diplomático cuando, según Casado, lo que ocurrió es que “se abrió un conflicto en la UE de jurisdicción” porque “una persona buscada por crímenes contra la humanidad y los derechos humanos vino a España y no fue ni siquiera apercibida por el Gobierno”.

Casado incidió en que un miembro del Gobierno de España debería haber instado “inmediatamente” a la deportación de la vicepresidenta de Nicolás Maduro o tendría, incluso, que haberla “denunciado” para que pudiera ser procesada ante “los casos abiertos que tiene en España por malversación de fondos de la dictadura chavista”.

En el texto de la denuncia que el PP ha presentado por el 'caso Ábalos' se propone al Ministerio Fiscal que testifique el ministro de Transportes, así como que se solicite el informe a la comisaría del aeropuerto con la identificación de los agentes que intervinieron. También que se requieran a la comisaría de Extranjería y Fronteras las minutas y otras comunicaciones internas que se hayan redactado en relación a esta cita de Ábalos con Rodríguez.

Igualmente, el PP pide que se tomen como pruebas las grabaciones y registros de la pista de aterrizaje donde estuvo el avión en el que viajaba la vicepresidenta de Maduro. Todo ello al considerar que, “de acreditarse”, los hechos acaecidos “pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, por parte de las autoridades españolas implicadas. Incluso, “subsidiariamente”, el PP habla de la posible comisión del “delito de desobediencia” que recoge el artículo 410.1 de las normas penales.

El PP considera que se podría haber incurrido en estos delitos “por no haber impedido el tránsito de la aeronave en la que viajaba la vicepresidenta de Venezuela a pesar de lo dispuesto en la normativa europea”, algo de lo que “las autoridades españolas estuvieron informadas en todo momento” y también por “haber permitido que transitara por el territorio nacional sin adoptar las medidas a las que obligan las disposiciones”.

Según alega el PP, el delito pudiera haberse cometido “en su vertiente de prevaricación por omisión”, una figura “ampliamente recogida en la jurisprudencia”.