El artículo, que forma parte de la reforma constitucional pactada en agosto de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el PP de Mariano Rajoy para introducir en la Carta Magna la estabilidad presupuestaria, prohíbe que el Estado y las comunidades autónomas incurran “en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros”.

Además, añade que “una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas, en relación con su producto interior bruto” mientras que “las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario”.

Dicha reforma, tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única, no necesitó ser ratificada en referéndum, ya que la abultada mayoría que entonces sumaban PSOE y PP, con 323 de los 350 diputados que formaban el Congreso, aseguraba que no se solicitara dicho plebiscito, para el que era necesario que lo solicitara al menos una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado.

Hasta ahora dicho artículo se encontraba en periodo de transitoriedad, por lo que, mientras que hasta ahora el incumplimiento de los objetivos y recomendaciones marcados por Bruselas no tenían consecuencias al margen del sistema de sanciones contemplado por la Comisión Europea, a partir del 1 de enero dicho incumplimiento podría dar pie a que los grupos parlamentarios con más de 50 diputados (actualmente PSOE, PP y Vox) recurran los proyectos presupuestarios ante el Tribunal Constitucional, obstaculizando su aprobación.

En los últimos meses la Comisión Europea ha advertido a España sobre la necesidad de reducir su déficit estructural, ajustándolo en 0,65 puntos porcentuales en 2020. Sin embargo, basándose en el Plan Presupuestario para 2020 que el Gobierno envió el pasado mes de octubre, en el que apenas se introdujeron medidas (salvo la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios) debido al estado de interinidad del Ejecutivo, desde Bruselas prevén que España incumpla dicha recomendación, al estimar que aumente el gasto por encima del 0,6% recomendado para 2019 y 0,9% en 2020 y que, con ello, el déficit estructural empeore.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Servimedia no opinan sobre si la entrada en vigor del artículo constitucional supondrá una dificultad añadida o si desde el equipo que lidera la ministra María Jesús Montero temen que se produzca ese posible recurso al Constitucional por parte de PP o Vox, limitándose a reafirmar el compromiso del Gobierno con seguir reduciendo el déficit y la deuda pública.

En este sentido, el acuerdo programático presentado el pasado lunes por PSOE y Unidas Podemos se compromete a cumplir con “los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. Así, el programa muestra su voluntad de mejorar la progresividad del sistema fiscal y recortar la brecha de unos cinco puntos menos de presión fiscal existente respecto a la UE.

Para ello, por el lado de los ingresos el acuerdo plantea varias medidas tributarias como la subida del IRPF a las rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros; el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades; la creación de las tasas Google y Tobin; así como diversas acciones en la lucha contra el fraude.

Por el lado del gasto, el futuro Gobierno asegura que establecerá mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público, a través del Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para la revisión del gasto.

Estas medidas se verán recogidas en la actualización del Plan Presupuestario que el nuevo Gobierno de coalición remita a Bruselas y en el proyecto de cuentas públicas de 2020 que presente al Congreso de los Diputados, por lo que la valoración que de ellos hagan la Comisión y la Airef podrían ser decisivos para determinar si las cuentas cumplen las previsiones y si PP o Vox deciden recurrirlas al Constitucional.