Así lo anunció este martes el gabinete de María Luisa Carcedo a través de un comunicado en el que precisó que el foco de la campaña se ha puesto en las compras online y que esta ofrece un total de diez recomendaciones que ayudarán a "identificar" los productos falsificados en Internet.

En su decálogo, Consumo y el Centro Europeo del Consumidor instan a comprobar la identidad del vendedor y emplazan al cliente a buscar opiniones de otros usuarios recordando que las que son “excesivamente positivas o demasiado vagas” pueden ser de la propia tienda, lo que constituiría una práctica ilegal.

Asimismo, recomiendan a los compradores a investigar si la tienda tiene sellos de confianza, en cuyo caso es importante comprobar en la web de la empresa que lo otorga que el comercio dispone realmente de dicho sello. También les invitan a evaluar el diseño de la web ya que aquellas con errores ortográficos o gramaticales, imágenes de mala calidad o diseño no “muy profesional” pueden contener productos falsificados.

Junto a ello, la web debe contener información “clara y suficiente” sobre los derechos que asisten a los ciudadanos en materia de consumo y la tienda online debe mostrar con “calidad suficiente” la imagen del producto en su totalidad con el fin de que el comprador pueda observar sus características.

Entre los consejos, también se recomienda comparar el precio total, impuestos incluidos, en distintas webs así como los posibles gastos adicionales como los de envío, de embalaje especial o derechos de aduana y Consumo puntualiza que un precio excesivamente bajo es “motivo de sospecha”.

Verificar que la web es un canal de venta autorizado, verificar que la URL de la web empiece con https, pagar preferentemente con tarjeta de crédito y evitar transferencias directas de dinero y valorar el coste/beneficio de los productos reacondicionados son otras de las indicaciones a la hora de adquirir este tipo de productos.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

España sufre unas pérdidas anuales de 6.700 millones de euros como consecuencia de las falsificaciones y la piratería, lo que supone el 10,6% de las ventas en los once sectores “clave” de la economía y 146 euros anuales a cada ciudadano español, según datos publicados en el Informe de situación 2019 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo).

Por esas razones, la iniciativa puesta en marcha pretende “sensibilizar” a la población sobre los “múltiples perjuicios” que se derivan de la compra de productos falsos y busca que los consumidores “pongan especial atención” cuando realicen sus compras y sean capaces de “distinguir” las imitaciones o copias.

En paralelo, pone de manifiesto que la adquisición de estos artículos no solo contribuye al desarrollo de una economía “fraudulenta” que vulnera los derechos de Propiedad Industrial y los derechos de la Competencia sino que también provoca la pérdida de las garantías legales y derechos que asisten a los consumidores como, por ejemplo, a la restitución del bien en caso de falta de conformidad.

Además, ambas instituciones subrayaron que, “por lo general”, los productos falsificados no cumplen con la normativa de seguridad, suelen presentar una “calidad inferior” y representar un “serio peligro” para la salud.