Así consta en el acuerdo de Gobierno de coalición que van a firmar en breve los respectivos presidentes de sus grupos parlamentarios, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que sólo dedica dos puntos a Cataluña.

El primero, muy genérico, reza: "Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del

diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual".

El segundo, más amplio pero nada relevante políticamente, promete: "Daremos cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el

Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional".

Otros apartados se refieren tangencialmente a Cataluña, como cuando PSOE y Unidas Podemos se comprometen a promover la participación de las comunidades en procesos de toma de decisión estatales. Aquí cita la celebración anual de las Conferencias de Presidentes que ya anunció Sánchez y "nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de

titularidad estatal".

Este marco, dice el documento, "estará definido por el principio de la multilateralidad, lo cual no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales", pero "esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución".

El acuerdo programático se compromete a clarificar las competencias entre administraciones, y ve fundamental "que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas" y que "las comunidades autónomas dispongan de las

capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general". Para ello se creará un Comité de expertos que asistirá y dará soporte al Gobierno en esta medida.

Finalmente, PSOE y Unidas Podemos se marcan el objetivo de "aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual. El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas". En él introducirá "criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la

efectividad de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos".