El incumplimiento de Andalucía del objetivo de déficit de 2018, ejercicio en el que el PSOE estaba aún al frente de la Junta de Andalucía, requiere que ahora, para cumplir con los objetivos de 2019 y 2020, el gobierno autonómico que forman PP y Ciudadanos tenga que hacer unos ajustes que serían menores, o incluso innecesarios, si no hubieran rechazado la senda de déficit que proponía el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado mes de noviembre se conoció que Andalucía cerró el déficit de 2018 en un 0,41%, ligeramente por encima del objetivo del 0,4%, e incumplió también los objetivos de deuda y regla de gasto, dando lugar a que el 5 de diciembre Hacienda remitiera una carta a la Junta denegándole su adhesión al Fondo de Facilidad Financiera en 2020 y requiriéndole ajustes en sus cuentas para cumplir con los objetivos el próximo año.

Andalucía ya formaba parte del Fondo de Facilidad Financiera después de cumplir con los objetivos de estabilidad en 2017, bajo Gobierno del PSOE, por lo que en 2019 ha podido financiarse a través de los mercados. Sin embargo, el incumplimiento de 2018 ha provocado que la comunidad autónoma vaya a abandonar el FFF y volver al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que el próximo año no podrá financiarse a través de los mercados.

Esto ha provocado en la última semana las críticas por parte de PP y Ciudadanos al Ministerio de Hacienda, denunciando que el departamento que dirige María Jesús Montero actúa “arbitrariamente” y les “interviene” las cuentas por culpa del incumplimiento en un ejercicio, el de 2018, en el que Andalucía estuvo gobernada por el PSOE, ya que el PP no accedió al Ejecutivo autonómico hasta enero de 2019.

Por su parte, desde Hacienda aseguran que aplican la Ley de Estabilidad a todas las comunidades por igual y niegan que la Junta y sus cuentas hayan sido intervenidas, recordando que el Gobierno autonómico tiene libertad para tomar las medidas que considere para ajustar las cuentas, sin necesidad de hacer recortes.

Por otro lado, a principios de este mes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó sus previsiones de cumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de las comunidades autónomas en 2019 y 2020. En el caso de Andalucía, la Airef prevé que incumpla con el objetivo de déficit de 2019, año en el que el PP y Cs ya han estado al frente de la Junta, y, debido a las rebajas de impuestos pactadas por estas dos formaciones con Vox, también con la regla de gasto.

De cumplirse estas estimaciones sobre 2019, el próximo año la Junta no podrá solicitar su adhesión al FFF de cara a 2021 y, con ello, tampoco financiarse a través de los mercados, algo que sería distinto si en 2018 no hubieran rechazado la flexibilización de la senda de déficit que proponía el PSOE.

ANTECEDENTES

En julio de 2018, un mes después de acceder a La Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero ya a cargo de la cartera de Hacienda, llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una flexibilización de los objetivos de déficit de 2019, 2020 y 2021, que fue aprobada a pesar de los votos en contra de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Entre las autonomías que votaron a favor se encontraba Andalucía, gobernada entonces por el PSOE.

Para defender esa flexibilización de la senda de déficit el Gobierno socialista se basaba en las previsiones emitidas por distintos organismos como la Airef, la Comisión Europea o el FMI, que consideraban que la senda fijada por el PP no era realista, descartando su cumplimiento.

La senda presentada por el PSOE proponía un objetivo para las comunidades autónomas del 0,3% en 2019, ampliándolo en dos décimas respecto a la senda que había dejado fijada el Gobierno del PP con Mariano Rajoy; del 0,1% en 2020, frente al equilibrio presupuestario fijado por el PP; y equilibrio presupuestario en 2021. Según los cálculos de Hacienda por aquél entonces, el aumento en dos décimas del objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2019 les habría permitido gastar un total de en torno a 2.500 millones de euros adicionales.

Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que los objetivos de estabilidad han de ser aprobados tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado y, en caso de ser rechazada, da un mes al Gobierno para presentar una nueva propuesta, para lo que es necesario que el CPFF vuelva a reunirse para aprobar la senda correspondiente a las comunidades autónomas.

Así, el 27 de julio de 2018 el Congreso rechazó la senda con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención, entre otros, de Unidos Podemos, por lo que Montero llevó de nuevo la misma propuesta de senda al CPFF en agosto, donde volvió a ser aprobada a pesar de la oposición de las comunidades gobernadas por el PP.

En diciembre de 2018, la propuesta sí logró pasar el trámite en el Congreso, pero finalmente fue rechazada por la mayoría absoluta que el PP tenía en el Senado, así como el voto en contra de Ciudadanos, por lo que la senda vigente actualmente sigue siendo la que dejó el PP, que dificulta ahora a la Junta el cumplimiento del objetivo de 2019 y podría ser la causante de que no pueda financiarse en los mercados en 2021.