Tras participar en la Cumbre del Clima, Valerio explicó que el Ejecutivo ha estado trabajando “varios meses” en una plataforma informática que daría acceso a dicha información hasta que advirtió que, con la situación actual de la regulación, se podría incurrir en datos erróneos y decidió dejar en ‘stand by’.

“Vamos a esperar a que haya una normativa clara porque de haberlo puesto en marcha con estos precedentes se hubiese llevado a engaño y creo que la transparencia está bien, la información es fundamental, pero a una información que sea veraz y ajustada a la realidad de las cosas”, indicó.

El Gobierno del PP asumió en 2011 el compromiso legislativo de dar a conocer a los ciudadanos una estimación anual de su hucha pública y privada, a fin de concienciar sobre la necesidad de ahorrar en caso necesario para la jubilación. El proyecto se equiparó a la ‘Carta Naranja’ que se envía anualmente en los países nórdicos con la misma motivación.

La reciente decisión del Gobierno en funciones de enviar la vida laboral y las bases de cotización en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social a 22,5 millones de cotizantes suscitó la expectativa, no cubierta, de que diese pasos en esa dirección.

Valerio explicó que es un informe como el que ya existía sobre la vida laboral pero complementado con otras informaciones como el convenio colectivo aplicable a cada persona y refirió que la situación actual anima a esperar.

A su juicio, nos encontramos “en una situación muy peculiar”, ya que la ley de 2013 “que aprobó de manera unilateral el PP” y donde fijaba que las pensiones se revalorizarían un 0,25% cada año y regulaba el factor de sostenibilidad se encuentra “suspendida” desde hace dos años.

Según recordó, el PP la suspendió el año pasado “para poder sacar adelante los presupuestos del 2018”, permitiendo que las pensiones subieran un 1,6% de media y el 3% en las prestaciones mínimas, revalorizaciones que se han vuelto a aplicar durante el actual ejercicio.

“Es decir, esa ley de 2013 está excepcionada en su aplicación temporalmente y el factor de sostenibilidad está suspendido en su aplicación como máximo al 2023”, indicó. De forma adicional recordó que en el Pacto de Toledo y en el diálogo social se acordó derogar dicha norma y hacer una reforma del sistema de pensiones “que garantice la subida de las pensiones según el IPC de cada año”.

Con este panorama argumentó que “era muy difícil decidir qué normativa aplicar” para hacer el cálculo con visión de futuro sobre los derechos futuros de cobro de pensiones para los ciudadanos.