El real decreto-ley contó con el apoyo de la mayor parte de los grupos parlamentarios (62 votos), el rechazo de Vox (5) y la abstención de EH Bildu (1). La norma declara la Cumbre del Clima como "acontecimiento de excepcional interés público" y recoge medidas que faciliten su organización, entre ellas incentivos fiscales al mecenazgo de empresas e instituciones que se sumen a ella.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, defendió el real decreto-ley en la Cámara Baja indicando que se trata de una norma "instrumental, pero fundamental" para el desarrollo de la Cumbre del Clima, que tendrá lugar en Madrid después de la renuncia de Chile por los disturbios sociales en este país.

Ribera indicó que la COP25 es "estratégica" porque debe facilitar que los países revisen al alza sus compromisos climáticos en 2020, año en que entrará en vigor el Acuerdo de París.

Subrayó que las empresas e instituciones patrocinadoras tendrán los "máximos" beneficios fiscales y que los ministerios de Política Territorial y Función Pública, y de Hacienda adoptarán todas las medidas necesarias en materia de personal y de créditos, respectivamente.

El real decreto-ley fue rechazado solamente por Vox, cuyo representante, Ignacio Gil Lázaro, acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "afán autopropagandístico", "sanchismo fotográfico" y "autobombo inútil" al proponer que la COP25 se celebre en España tras la renuncia de Chile.

Gil Lázaro comentó que la premura organizativa de la Cumbre del Clima puede "ir en detrimento de la imagen de España", en su normal desarrollo podrían influir algunas "huelgas de transporte hurbano" o los "intentos" anunciados de miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) de Cataluña de "dejarse caer" por Madrid. También criticó que el Ejecutivo mantenga "una absoluta nebulosa sobre el coste real" de dinero público de la COP25.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, fue la única en la Diputación Permanente que alzó la mano para abstenerse. "No vamos a blanquear a unos gobiernos y unas élites que sólo miran por sus intereses económicos, y anteponen sus beneficios al planeta. Las cumbres mundiales seguirán siendo un simple espectáculo mientras nadie se comprometa a tomar medidas reales y efectivas", apuntó.

CRÍTICAS

El resto de los grupos políticos votaron a favor del real decreto-ley y sus portavoces respaldaron que la Cumbre del Clima se celebre en Madrid, aunque todos esos portavoces deslizaron críticas, salvo el del PSOE, Guillermo Meijón.

Por ejemplo, Alberto Casero, del PP, aconsejó al Gobierno que huya de "propaganda y marketing", y lo acusó de no tomar medidas contra el cambio climático en el último año y medio, al tiempo que indicó que es "propio" de los socialistas "invitar y que luego paguen otros", puesto que inicialmente, según aseguró, no se contó con la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento capitalino.

Marcos de Quinto, de Ciudadanos, recriminó al Ejecutivo por "vender humo y contaminar el debate político con globos sonda" en materia de cambio climático, puesto que, a su juicio, el Gobierno de Sánchez se caracteriza por "grandes declaraciones y escasas acciones".

Txema Guijarro, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, criticó que el real decreto-ley tenga "carencias estéticas" porque las facilidades fiscales para que las empresas contribuyan a la Cumbre del Clima hacen que en este evento vayan a participar Iberdrola, una de las 10 empresas que más gases de efecto invernadero emiten en España, y el Banco Santander, la quinta entidad mundial que más dinero destina a extracción de petróleo y gas en aguas ultraprofundas.

Laura Borràs, de Junts per Catalunya, censuró que desde los Gobiernos españoles se "limite" las iniciativas en materia climática que adopta la Generalitat de Cataluña. Y Joan Baldoví, de Compromís, expresó su "preocupación" de que "algunas de las empresas más contaminantes" vayan a patrocinar la COP25 y su "angustia" de que las emisiones y la concentración de gases de efecto invernadero marquen nuevos récords.