En el escrito remitido a la dirección de la empresa y a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid, el sindicato justifica esta decisión exigiendo “la toma de medidas globales contra el cambio climático y el expolio y la destrucción del medio ambiente”.

Además, reclama “medidas de prevención y salud efectivas" para los trabajadores de Metro de Madrid “frente al riesgo a sufrir secuelas por exposición al amianto" y también la inscripción de la empresa en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

También piden impulsar un fondo de compensación para todos los trabajadores, expuestos en la actualidad y en el pasado, y la erradicación completa e inmediata del amianto, acelerando el plan de desamiantado, dotándolo de todos los medios necesario para ello.

Solidaridad Obrera exige la creación de empleo necesario para “volver a dar un servicio de calidad”, recuperando los “mínimos estándares de seguridad y calidad” en la prestación del servicio. Además, demanda el cumplimiento del vigente convenio colectivo, reactivando las mesas de productividad, aplicando las mejoras para los trabajadores “ya acordadas o que carecen de coste para la empresa de manera inmediata”.

Por último, exigen la “necesaria implicación” de Metro de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la recuperación del estatus del 'Agente de la autoridad' para todo trabajador de la compañía en el desarrollo de sus funciones, como medida para disminuir las agresiones sufridas por los trabajadores de la empresa.